El régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,000 personas vinculadas a estructuras criminales, y ha sido acompañado por una drástica reducción en los índices de homicidios, extorsiones y otros delitos.
EL SALVADOR.- El partido político Vamos, de la diputada Claudia Ortiz, lanzó una advertencia sobre lo que califican como una “paz mafiosa” en El Salvador, tras la publicación de una entrevista en el medio digital El Faro, donde Carlos Cartagena, alias Charli de la IVU y líder del Barrio 18 Revolucionarios, detalló presuntas negociaciones entre pandillas y el entorno del presidente Nayib Bukele que habrían facilitado su llegada al poder.
La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, condenó estos supuestos pactos. “Condenamos que el oficialismo haya pactado con las pandillas para llegar al poder a cambio de favores oscuros. Ustedes, sin duda, son parte de los mismos de siempre, pues han hecho lo que ellos también hicieron”, afirmó Rivas en una declaración pública.
La dirigente también cuestionó la actuación de las autoridades judiciales, especialmente la del fiscal general de la República, por su inacción ante estos señalamientos. “Condenamos la inercia del fiscal general de la República por no ejercer sus funciones e investigar a la dirección de Centros Penales, a la Dirección General de Migración y Extranjería, al director del Tejido Social“, expresó, señalando que estas entidades podrían haber facilitado la liberación de líderes pandilleros.
Rivas denunció una justicia selectiva y criticó al partido Nuevas Ideas por, según ella, mantener vínculos con estructuras criminales. “Condenamos también que el fiscal general de la República no investigue al partido oficial ya que todo indica que dentro de sus filas siguen operando personas que están ligadas a las bandas”, dijo.
La vocera de Vamos subrayó que no se ha erradicado el crimen en el país, sino que se le ha ayudado a transformarse en algo menos visible. “Alertamos sobre la paz mafiosa. Esa falsa sensación de calma que emerge de los acuerdos entre criminales y la debilidad estatal. […] Nos han vendido una paz mafiosa, manteniendo el crimen neutralizado superficialmente para que pueda transformarse y seguir operando en la impunidad”, denunció.
“La verdadera paz se construye con justicia, con transparencia y con instituciones sólidas que garanticen que la ley se aplique a todos por igual”, concluyó.
Desde el inicio del mandato de Nayib Bukele en 2019, el presidente Nayib Bukele ha sostenido que su gobierno ha enfrentado a las pandillas con una estrategia de seguridad sin precedentes, cuyo eje central ha sido el Plan Control Territorial y, desde marzo de 2022, el régimen de excepción aprobado.
Según cifras oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,000 personas vinculadas a estructuras criminales, y ha sido acompañado por una drástica reducción en los índices de homicidios, extorsiones y otros delitos.
También, el gobierno ha construido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad con capacidad para albergar hasta 40,000 reos, destinada a líderes y miembros activos de pandillas. La administración Bukele ha defendido esta infraestructura como un mensaje claro de “cero tolerancia” al crimen organizado.
El oficialismo ha argumentado que estos logros en materia de seguridad han devuelto la tranquilidad a comunidades históricamente golpeadas por la violencia, permitiendo que miles de salvadoreños recuperen espacios públicos y libertad de movimiento.
