EL SALVADOR.- Recuperar la libertad representa para muchos privados de libertad la oportunidad de comenzar una nueva vida. Sin embargo, para algunos reclusos en El Salvador, salir de prisión no necesariamente significa encontrar mejores condiciones. La pérdida de vínculos familiares, la falta de un lugar adonde regresar y la ausencia de apoyo económico pueden convertir la libertad en un nuevo desafío.
Algunos internos incluso manifiestan que prefieren continuar recluidos porque consideran que dentro de los centros penitenciarios tienen alimentación, un espacio donde permanecer y condiciones de convivencia que no encuentran fuera de ellos.
Así lo explicó una jueza de Vigilancia Penitenciaria, quien relató que durante las audiencias en las que se analiza la concesión de beneficios penitenciarios ha escuchado a privados de libertad expresar que no desean abandonar los centros penales.
«Ellos prefieren mejor estar en un lugar donde se les está brindando alimentación y que por lo menos tienen adónde estar, a salir afuera y andar en las calles», manifestó.
La funcionaria judicial señaló que algunos internos han encontrado dentro de los centros penales espacios de convivencia, trabajo y aprendizaje de nuevas habilidades.
«El problema es que en la actualidad a nosotros nos han vendido una idea de los centros penales de que es lo peor, pero realmente cuando vemos el sistema penitenciario y vamos a los centros penitenciarios, hay un orden y ellos se sienten cómodos», expresó.
Agregó que algunos participan en actividades laborales, particularmente en las granjas penitenciarias, donde realizan trabajos agrícolas.
«Ellos comienzan a hacer diferentes trabajos, a aprender habilidades; en las granjas penitenciarias viven en armonía porque andan trabajando de forma libre, se van a plantar, se van a cosechar», relató.
Cuando la libertad no representa una salida
La jueza también expuso otra situación que se presenta después de que algunos privados de libertad recuperan su libertad: vuelven a ser capturados y regresan a los centros penitenciarios.
«Lo más usual que está sucediendo es que nosotros libramos órdenes de libertad y, en la mayoría de casos, están siendo recapturados. Entonces, ¿qué dicen ellos?: “No, yo prefiero estar aquí adentro”», detalló.
Según la funcionaria, se han presentado casos de personas que vuelven a involucrarse en actividades delictivas y son detenidas nuevamente en periodos de hasta dos meses. También mencionó situaciones de internos que, según explicó, llegan a cometer nuevos delitos con la intención de regresar a prisión.
«Ya tenemos casos en los que hemos otorgado libertad condicional y son recapturados», señaló. Estas situaciones reflejan las dificultades que pueden presentarse cuando una persona recupera su libertad, pero no logra mantenerse alejada de las actividades delictivas ni encuentra condiciones para reconstruir su vida fuera de prisión.
Sin familia ni un lugar adonde regresar
La ausencia de apoyo familiar constituye otro de los factores que la jueza ha identificado durante las audiencias.
Relató el caso de un privado de libertad que manifestó expresamente que no quería salir del centro penitenciario porque se sentía bien dentro de él y había perdido toda comunicación con sus familiares.
«Él en ese momento manifestó que no quería, que se sentía bien dentro del centro penal y que afuera no tenía lazos con su familia; había perdido toda comunicación», explicó.
En ese caso, la funcionaria indicó que no se le concedió el beneficio penitenciario. También explicó que existen iglesias e instituciones que pueden brindar acompañamiento mediante mecanismos de apoyo coordinados con la Procuraduría, facilitando alojamiento y alternativas para que estas personas puedan desarrollarse mientras consiguen estabilidad económica.
La falta de vínculos familiares, por tanto, no solo representa una dificultad emocional, sino también un obstáculo para la reinserción social. Para algunos internos, recuperar la libertad implica enfrentarse a una sociedad en la que ya no cuentan con una red de apoyo.
Pero la realidad penitenciaria también plantea otros desafíos relacionados con la conducta, la violencia y la atención de personas con determinados perfiles de personalidad. Sobre estos aspectos, el psiquiatra forense Pedro Cortez expuso su análisis.
Pedro Cortez: personalidad y conducta criminal
Desde la perspectiva de la psiquiatría forense, Pedro Cortez explicó que para comprender el comportamiento criminal es necesario diferenciar entre personalidad y conducta.
El especialista señaló que la conducta puede responder a situaciones impulsivas y variar dependiendo del entorno, mientras que la personalidad comprende características más arraigadas. Relacionó los factores genéticos y las experiencias adversas durante la crianza con el posible desarrollo de comportamientos antisociales.
«Si yo tengo las bases genéticas, pero tengo una crianza agradable o buena, el perfil criminal queda dormido; pero si yo tengo la base genética y tengo una crianza adversa, es muy probable que se desarrolle», manifestó.
Cortez distinguió entre los perfiles psicopáticos y sociopáticos. Describió a las personas con características psicopáticas como individuos que pueden presentar crueldad, ausencia de remordimiento, capacidad de manipulación y planificación de hechos violentos.
En cuanto a las personas con características sociopáticas, señaló que también pueden presentar comportamientos antisociales, aunque con diferencias en sus niveles de agresividad y adaptación social.
El psiquiatra mencionó durante la entrevista estimaciones de menos del 1 % de la población para la psicopatía y alrededor del 4 % para la sociopatía. Tomando como referencia una población nacional estimada entre 6.7 y 7 millones de habitantes, calculó que podría haber alrededor de 70,000 personas con características psicopáticas y unas 200,000 con características sociopáticas.
Estas cantidades corresponden a los cálculos expuestos por el especialista durante la conversación y no constituyen estadísticas oficiales de personas diagnosticadas en El Salvador.
Viejo Lin y Hugo Osorio, ejemplos abordados por el especialista
Durante la entrevista, Cortez mencionó a Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como «Viejo Lin», histórico dirigente de la pandilla Barrio 18, como ejemplo de una figura con capacidad de liderazgo, manipulación y control dentro de una estructura criminal.
El especialista explicó que algunos líderes de organizaciones delictivas no necesariamente ejecutan directamente los homicidios, pero pueden ordenar y planificar acciones violentas mediante el control que ejercen sobre otros integrantes.
Otro de los casos abordados fue el de Hugo Ernesto Osorio Chávez, el expolicía vinculado a los asesinatos descubiertos en Chalchuapa, Santa Ana, en mayo de 2021.
El caso generó conmoción nacional tras el hallazgo de fosas clandestinas en una vivienda, donde fueron localizados restos de múltiples víctimas.
Cortez sostuvo que, desde su valoración del caso, Osorio presentaba características de un trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos.
También relató que, según la información expuesta durante la entrevista, el exagente habría tenido antecedentes de comportamiento violento y dificultades para adaptarse a las normas durante su trayectoria en la Policía.
El especialista destacó la importancia de identificar oportunamente las señales de comportamiento antisocial y dar seguimiento a los antecedentes de violencia.
El reo que se automutila
La entrevista también abordó el caso de un privado de libertad del centro penitenciario de Izalco que presenta conductas de automutilación.
Cortez explicó que las personas con comportamientos antisociales pueden presentar episodios de autolesión y relacionó algunas de estas conductas con alteraciones neurocognitivas asociadas al consumo de drogas.
«Generalmente las personas antisociales, psicópatas o sociopatas también consumen drogas. La droga lo que hace es provocar alteraciones neurocognitivas en el cerebro, la conducta. Entonces, se vuelven impulsivos, se vuelven violentos», manifestó.
Agregó que durante determinadas crisis estas personas pueden llegar a agredirse a sí mismas o a otras.
Sobre la vigilancia penitenciaria, explicó que los internos que presentan comportamientos inadecuados o dificultades de adaptación permanecen bajo supervisión, especialmente en los centros de máxima seguridad.
También indicó que las personas identificadas con alguna enfermedad mental pueden ser evaluadas por el psiquiatra del centro penitenciario.
El caso del interno de Izalco pone de manifiesto otra dimensión de la realidad penitenciaria: la necesidad de atención especializada para quienes presentan conductas de autolesión y requieren seguimiento en salud mental.
¿Qué posibilidades existen de rehabilitación?
Cortez explicó que las personas privadas de libertad en centros penitenciarios de máxima seguridad permanecen bajo vigilancia continua, con cámaras y controles estrictos.
Señaló que también pueden recibir atención psicológica y psiquiátrica, aunque considera que la rehabilitación de personas con determinados trastornos de personalidad representa un desafío.
«Muy difícilmente estas personas cambian», expresó al referirse a los perfiles psicopáticos y sociopáticos que describió.
El especialista agregó que algunas conductas criminales pueden mantenerse controladas mientras los internos permanecen bajo estrictas medidas de seguridad, pero advirtió que podrían manifestarse nuevamente si cambian las condiciones de vigilancia.
Sobre el riesgo de reincidencia, mencionó una estimación del 50 % para determinados perfiles, aunque no presentó un estudio estadístico que permita considerar esa cifra como una tasa general de reincidencia en El Salvador.
La libertad también necesita condiciones para reconstruir una vida
Las experiencias relatadas por la jueza de Vigilancia Penitenciaria y el análisis del psiquiatra forense Pedro Cortez muestran diferentes dimensiones de la realidad penitenciaria salvadoreña.
Por un lado, están los privados de libertad que consideran que dentro de los centros penales tienen alimentación, actividades y un lugar donde permanecer, mientras que afuera no cuentan con familiares ni personas que los reciban. Por otro, están quienes vuelven a involucrarse en actividades delictivas y terminan nuevamente recluidos.
A estas situaciones se suman los casos de personas que presentan comportamientos violentos, trastornos de personalidad o conductas de autolesión que requieren atención especializada.
La reinserción social, por tanto, no se limita a cumplir una condena o abrir las puertas de un centro penitenciario. También plantea la necesidad de contar con redes de apoyo, oportunidades y mecanismos de acompañamiento para quienes deben comenzar nuevamente su vida en libertad.
Porque, para algunos privados de libertad, el mayor desafío no parece ser salir de prisión, sino encontrar un lugar al que realmente puedan regresar.
