Rosario Murillo anunció la “decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todo su mecanismo satélite”.
NICARAGUA.- A través de una misiva oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que dio lectura Rosario Murillo, informó, este 27 de febrero, sobre su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta decisión surge tras el rechazo del último informe del Grupo de Expertos, en el que se señala la participación directa del Ejército nicaragüense y en la que detallan que el general Julio César Avilés dio la orden a los militares de reprimir y de realizar ejecuciones extrajudiciales en contra de manifestantes de abril de 2018.
Murillo expresó que Nicaragua no reconoce a este organismo, argumentando que “utilizó mecanismos ofensivos, falsificaciones y agresiones” y aseguró que “perdieron su naturaleza y esencia”. Enfatizó que su régimen “repudia todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que deberían servir al bien de todos”.
Asimismo, destacó que se envió la misiva al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señor Jürg Lauber, donde se expone la posición de Nicaragua respecto al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.
Señaló que “el Consejo de Derechos Humanos viola su propia normativa contenida en la resolución 62/51, aprobada el 15 de marzo de 2006 durante el sexagésimo periodo ordinario de sesiones”, y afirmó que en esta resolución se establecen principios como “la objetividad, imparcialidad y la no selectividad en el examen de cuestiones de derechos humanos y la obligación eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización”, los cuales, según Murillo, no han sido respetados.
En sus declaraciones, Murillo minimiza el nivel de profesionalismo y de investigación reflejado en documento que califica de “el informe del autodenominado Grupo de Expertos, que Nicaragua no reconoce, al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones de esa oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos”. También se refirió a estas acciones como estrategias utilizadas para intervenir en los asuntos internos de los Estados y violar la soberanía nacional.
Según, la dictadora señalada de crímenes de lesa humanidas, el organismo busca supuestamente “desprestigiar” la labor del régimen nicaragüense y que representan “un obstáculo en el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense que pretende impedir el avance en educación, infraestructura, seguridad alimentaria, energías, agua y saneamiento, entre otros”.
Murillo también acusó al Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos de ser una “caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad” y los señaló como responsables de “múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense”, además de causar “daños incuantificables a la economía nacional”. Una narrativa que ha mantenido la dictadora y que a nivel internacional, no tiene eco porque sus crímenes están documentados y ha tratado de imputar delitos a manifestantes, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.
Finalmente, Murillo reafirmó que “para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia, no los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplices de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados y la dignidad de los pueblos”.
En consecuencia, anunció la “decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todo su mecanismo satélite”, concluyó la vice dictadora.
El retiro de la FAO
A principios de febrero, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como reacción a la publicación de un informe donde se reveló que “20 de cada 100 nicaragüenses pasan hambre en Nicaragua, pero la pareja dictatorial calificó como “tendencioso” y “falsificado”. La decisión se formalizó a través de una nota oficial difundida en medios oficialistas.
