La Superintendencia de Competencia presentó cuatro demandas de amparo contra la SCA, porque aseguran que el cometimiento de la “práctica anticompetitiva” “obstaculizó” la entrada de nuevos competidores en el mercado salvadoreño.
EL SALVADOR.- La Superintendencia de Competencia (SC) acudió ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por violación a los derechos de seguridad jurídica y protección jurisdiccional cometida por la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) al haber declarado ilegales los actos administrativos emitidos por el Consejo Directivo de la SC en 2015, contra Digicel, Tigo, Movistar y Claro, a fin de que las telefonías paguen una multa de $ 2,014,500 impuesta hace ocho años.
En 2015, las cuatro telefonías fueron sancionadas y multadas por la SC. Sin embargo, demandaron al Consejo Directivo ante la SCA de la CS, alegando que la sanción económica era ilegal.
Tras la demanda, la SCA falló a favor de las empresas de telefonía, y avaló con su decisión, “la conducta abusiva” de Digicel, Tigo, Movistar y Claro, al declarar ilegal y dejar sin efecto la multa impuesta que ascienden a los más de $2 millones, así lo informó la SC.
El 53% de la multa está adeudado al Estado desde hace ocho años y el 47% restante, que había sido saldado, se pide ser retribuido a las empresas, según la SC.
Ahora, en agosto de 2023, la SC presentó cuatro demandas de amparo contra la SCA, porque aseguran que el cometimiento de la “práctica anticompetitiva” por las telefonías, tipificada en el art. 30 letra a) de la Ley de Competencia, “obstaculizó” la entrada de nuevos competidores en el mercado salvadoreño de los servicios intermedios de tráfico internacional entrante para la terminación en las redes del agente económico.
Con las demandas, la SC busca que se respete el derecho a la seguridad jurídica dictado en la Constitución de la República, y propiciar la entrada de nuevos competidores en el mercado de las telefonías, promoviendo así la competencia entre operadores en beneficio de los salvadoreños, informaron desde la SC.
“Como parte del Gobierno de El Salvador, la SC continúa trabajando en defensa de la sana competencia para favorecer a los ciudadanos y la expansión del comercio e inversión en el país”, concluyeron.
