También, pidieron la desestimación de todos los cargos contra los cinco Defensores de Santa Marta y ADES.
EL SALVADOR.- Este viernes, organizaciones exigieron al juez Hugo Flores Alas que se aparte del proceso penal contra los ambientalistas de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), por un supuesto conflicto de interés.
“Con gran preocupación hemos conocido públicamente información sobre el supuesto pasado militar del juez Alas”, dijo el líder comunal y ambientalistas Alfredo Leiva, e indicó que este jurista trabaja en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, la instancia que realizará la nueva vista pública contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES.
El juez Flores Alas habría pertenecido a la Guardia Nacional, siendo esta institución, “uno de los cuerpos represivos del Estado durante la guerra civil”. Este pasado, representaría un conflicto de interés y plantea “serías” implicaciones éticas en el proceso. Por lo que, solicitan que Alas se aparte del caso.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) informó que han observado un patrón de “criminalización” de los cinco defensores de Santa Marta y ADES, quienes, hasta ahora, tendrán una vista el 9 de abril.
En ese contexto, pidieron la desestimación de todos los cargos contra los cinco Defensores de Santa Marta y ADES. Los ambientalistas son procesados por un supuesto homicidio cometido en el contexto de la guerra civil (1980-1992).
El pasado 03 de febrero fuera aplazado el comienzo del juicio público por la no comparecencia de los señalados, quienes decidieron no presentarse por “la no existencia de garantías de un juicio justo y legal”. Por lo que, el Tribunal de Sentencia “resolvió decretar en rebeldía” a los ambientalistas y “ordenó su captura”, según se conoció en medio nacionales e internacionales.
Por otro lado, la asociación expresó su apoyo y el cese de la persecución de los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, del grupo de defensa legal, UNIDHEC, “conocidos en El Salvador por representar a personas detenidas arbitrariamente bajo el Estado de Excepción, así como el cese de amenazas contra
la abogada defensora de víctimas del régimen de excepción, Íngrid Escobar, del Socorro Jurídico
Humanitario”.
