Piden que familia Lacayo dueños de exfábrica Baterías RECORD asuman los millonarios costos para el traslado y destrucción de material tóxico en cantón Sitio del Niño, San Juan Opico

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El Gobierno del presidente Nayib Bukele le da seguimiento al caso para que, mediante procesos legales, la empresa dueña de la ex-fábrica de Baterías RECORD asuma esa responsabilidad y no del bolsillo de los salvadoreños.

EL SALVADOR.- La ex-fábrica Baterías de El Salvador, mejor conocida como Récord era propiedad de la familia Lacayo. Uno de sus miembros, Miguel Lacayo, fue ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Francisco Flores.

La ex-fábrica fue cerrada en 2007, por denuncias de trabajadores y lugareños de que ahí se usaban materiales altamente tóxicos, sobre todo plomo, un compuesto químico prohibido en la mayoría de los países del mundo. Este comenzó a generar un alza de casos de personas con insuficiencia renal crónica, malformaciones congénitas y varios casos de cáncer, entre otras enfermedades.

Hasta este 2024, todavía existe material tóxico en el sector, debido que los responsables siguen sin responder antes los daños ocasionados. De acuerdo al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, el traslado y disposición final de los contaminantes dejados, deben ser asumidos por los responsables: “no se puede hacer con el dinero de los salvadoreños, esto es algo que si debe pagar el responsable de este tema”.

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Asegura que el material tóxico está sellado para evitar que las partículas de plomo estén suspendidas en el aire y afecten a las personas vecinas.

“Lo que se ha hecho es prácticamente reunir todo este material en un solo sitio, bueno las primeras horas que se hicieron fue precisamente resguardar con un techo especial por el tema de la corrosión, y luego esto trajo un gran beneficio pues este material estaba expuesto, este tema del sellado que se hizo con concreto que precisamente es para evitar que estas partículas de plomo estén suspendidas en el aire y afecten a las personas vecinas”.

“Se ha tenido una gran ayuda con el Plan Control Territorial, desgraciadamente este sitio que no fue resguardado por muchísimos años sufrió también saqueos, sufrió también todo tipo de digamos de desarme de las estructuras que ya existían ahí, y esto pues con el fin de comercializarlo, estaban comercializando estructuras contaminadas con plomo”, puntualizó.

“Ahora que ya el tema delincuencia ha bajado significativamente , se han frenado estos estos saqueos, y obviamente, pues se hizo el reforzamiento la construcción del muro perimetral, pero también se ha logrado reducir la extensión, la máxima extensión de contaminación de este foco de contaminación fue de más de 1,000 manzanas en algún momento y ahora, pues se han tomado muestras y está prácticamente confinado en el sitio”, explicó el funcionario.

ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS PIDEN RETIRO INMEDIATO DE DESECHOS TÓXICOS

En conferencia de prensa, representantes de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el Comité Ambiental de Sitio del Niño y la Asociación de extrabajadores de Baterías de El Salvador, exigieron:

  1. EL RETIRO INMEDIATO DEL MATERIAL TÓXICO DE LA ZONA por parte del gobierno, ya que se permitió a los dueños de la fábrica evadir dicha responsabilidad, la cual debe ser asumida por el Estado.
  2. La depuración ambiental de toda la contaminación por plomo en el Cantón Sitio del Niño y la adecuada atención en salud a la población víctima.
  1. Cumplir con lo señalado por la CIDH en su informe en contra el Estado de El Salvador por las violaciones a derechos humanos y el desastre ambienta cometido por la empresa.

¿CUANTO VALE EL TRASLADO DE ESTE MATERIAL A OTRO PAÍS?

El ambientalista Ricardo Navarro, dice que el costo para el traslado de este tipo de material dañino es millonario y coincide con el Gobierno al afirmar que debe ser el responsable que asuma los costos.

“Estamos hablando de centenares de miles de dólares por varias razones, primero la recolección del material, eso no es que usted puede ahí poner a diez personas con una pala llenando un camión, hay que tener condiciones especiales de recolección, puede ser trajes especiales y gente especializada en eso, eso implica un costo, además de eso todo lo que significa el transporte.

Tiene que ser también un transporte especializado, no solo por tierra para llevarlo a algún lugar y probablemente hay que meterlo en un barco en algún contenedor especial para trasladarlo al lugar donde lo van a procesar, finalmente a la hora de procesarlo allá también eso tiene altos costos, probablemente en algunas partes incineran los desechos, eso justamente tiene que ser bajo normas estrictas de seguridad, cuando usted ya suma todo eso, ahí estamos hablando de centenares de miles de dólares porque la verdad es que los tóxicos que están ahí no es una cantidad pequeña, sino miles de toneladas que hay allí expuestas contaminando, entonces son costos que debe asumir la empresa responsable”, señaló Navarro.

“Yo creo que el Gobierno debe exigirle a la empresa que era dueña de la RECORD, que asuma los costos” “el Gobierno debe ser proactivo que paguen ellos, porque no es justo que el Gobierno pague porque es fondo de toda la población”, agregó.

NO TODOS LOS PAÍSES RECIBEN ESTOS MATERIALES CONTAMINADOS

Según Navarro el problema de trasladar estos materiales tóxicos es que no cualquier país lo recibe.

“Esto es una cosa complicada porque ninguno los quiere es la verdad, a veces, hay lugares donde los reciben y no son bien vistos porque cualquier pueblo que esté cerca siempre recibe los impactos negativos de eso y yo recuerdo, por ejemplo, China recibía antes todo lo que era los desechos plásticos y los procesaban llegó un momento de que China dijo no, quizás por presiones internas, pero dijo ya, no, entonces lo que hacen muchos de estos países es llevar esto a lugares donde la ley no es tan fuerte, la institucionalidad es un tanto débil.

Entonces ahí donde se pueden colar algunas empresas que procesan esto, pero de cualquier manera que usted lo procese siempre genera contaminación porque hay desechos que hay que manejar y los desechos hay que ponerlos en alguna parte, entonces a veces los encapsulan, pero esas cápsulas no son eternas, eventualmente las cápsulas como cualquier otra cosa cualquier otro material se va desintegrando y los tóxicos tarde o temprano entran en contacto con el agua y eso ya comienza el problema”, dijo Navarro.

RESOLUCIONES QUE LINA POHL IGNORÓ Y QUE PUEDEN SER CATALOGADAS COMO IMCUMPLIMIENTO DE DEBERES

En agosto de 2010, el ministerio de Medio Ambiente declaró estado de emergencia ambiental, pero nunca ejecutó acciones concretas para eliminar los restos químicos y se limitó a acciones de reubicación de las comunidades aledañas, que con el paso del tiempo han regresado y reasentado la zona.

En 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que el Ministerio de Medio Ambiente debía retirar toda la escoria de plomo y contaminación, algo que tampoco fue resuelto por la extitular del ramo, Lina Pohl.

INCENDIO DE AGOSTO 2020

A las 8:21 de la noche del domingo 2 de agosto de 2020, el Cuerpo de Bomberos reportó un incendio de grandes proporciones en la ex-fábrica de baterías Récord. El director de Bomberos para ese entonces, Edwin Chavarría, dijo que no encontraron a nadie en el lugar ni se tiene testigos hasta el momento, pero las evaluaciones que realizaron les indican que alguien habría entrado al lugar y causado el incendio.

«Hemos hecho una evaluación y creemos que prácticamente alguien que se ha involucrado para poder darle fuego, por el momento no tenemos todavía indicios, no hay testigos, pero la cantidad de material que se encontraba que era plásticos, que era prácticamente las cajas que servían para las baterías son las que se convirtieron en combustible propicio para este incendio que causó la destrucción completa de todo lo que fue la nave.
Por el momento no hemos encontrado a nadie en el lugar, pero por la circunstancia y la estructura que estamos viendo perimetralmente, hay demasiados agujeros, roturas; es probable que alguien ingresa a esos lugares y por ahí inició lo que es el fuego», declaró.

Tras la emergencia, el ministro de Gobernación también del momento declaró alerta roja en la zona y se evacuaron de manera preventiva a los habitantes, que se encontraban a 500 metros a la redonda de donde se originó el incendio para no poner en peligro la salud de la población ante la exposición al plomo.

SOBRE LA EMPRESA BATERÍAS RECORD (DATOS CESTA)

“Las actividades de la Empresa Baterías de El Salvador, inician entre 1994- 1995 como una distribuidora de baterías en el mercado nacional y regional, la empresa aún no se dedicaba al reciclaje.

Es hasta el año 2000 que comienza el ensamblaje de baterías. Incluso inicia su funcionamiento antes de que se le otorgue el permiso ambiental entregado en el 2003.

Sus operaciones consistieron en fabricar baterías electrolíticas de ácido plomo para vehículos, y ya poseía una planta recicladora de plomo donde generaba su propia materia prima”.

Entre los años 2003 y 2004 se presentaron los primeros problemas ambientales y en la salud de los habitantes, según detalla la investigación del CESTA “los niños y niñas se enfermaban con mucha frecuencia: con dolores de cuerpo, se les caía el cabello, y había muchos padecimientos de salud”.

La planta de la fábrica generaba emanaciones industriales, en el proceso de elaboración de las baterías, lo que dejó muchas víctimas de contaminación en la comunidad y de trabajadores de la empresa.

La fábrica fue cerrada en el año 2007, posterior a la intervención de las carteras de Medio Ambiente, Salud y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Sin embargo, la judicialización del caso solo procesó a algunos ingenieros de operaciones y el representante legal de la empresa; por su parte los miembros de la familia Lacayo se encuentran prófugos.

Es por ello por lo que los miles de personas afectadas por la contaminación por plomo han insistido por años que el caso no quede impune y se lleve a la justicia a los dueños de la fábrica. Además, han denunciado que las acciones de reparación no fueron suficientes para compensar el daño a la salud de la comunidad.