El periodista acusa de ilegal su procesamiento estando fuera del país, pese a que reformas si permiten procesarlo en ausencia. En el juicio instalado este miércoles, de los cinco acusados, tres son procesados en ausencia.
EL SALVADOR.- El periodista Paolo Lüers, uno de los acusados en el juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y otros imputados, afirmó este miércoles, que cualquier condena en su contra sería nula, debido a la aplicación de la reforma al Código Procesal Penal en 2022, que permite procesar a los acusados en ausencia. Lüers, quien no se encuentra en el país, sostuvo que esta disposición no puede aplicarse a hechos previos a la reforma.
“No se olviden: la reforma de 2022, que permite procesar en ausencia, no se puede aplicar retrospectivamente. Lo que están haciendo es ilegal y cualquier condena será nula”, sostuvo Lüers luego de la instalación del juicio en su contra, que se realizó en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
Sin embargo, la reforma al artículo 24 del Código Procesal Penal establece que los procesos penales archivados por rebeldía antes de la reforma deben continuar su trámite hasta la emisión de la sentencia definitiva, independientemente de la presencia del imputado. Esto significa que, incluso si el acusado está ausente, las audiencias preliminares y la vista pública pueden llevarse a cabo, sin necesidad de que el imputado comparezca.
Asimismo, si el imputado está detenido y no quiere concurrir a la audiencia, según la reforma al artículo 361, obliga a continuar la audiencia “sin la presencia del procesado”.
En ese sentido, la reforma no es retroactiva en cuanto a crear nuevas responsabilidades, pero sí autoriza que los juicios pendientes continúen en ausencia, es decir, que pese a que Lüers acuse ilegalidad, la ley contempla expresamente esta excepción.
Lüers es uno de los acusados en el juicio relacionado con los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Los imputados son señalados de participar en una negociación de votos durante los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas, lo que habría influido de manera ilícita en el proceso electoral. En el caso también están involucrados los exministros Benito Lara y Arístides Valencia, y Wilson Alvarado.
