La reforma también crea la nueva Procuraduría General de Justicia, encargada de proteger el patrimonio público y combatir delitos como lavado de activos, narcotráfico y corrupción.
NICARAGUA.- La Asamblea Nacional de Nicaragua, a propuesta del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, aprobó este jueves una reforma parcial a la Constitución, la cuarta impulsada por el Ejecutivo en lo que va del año. La enmienda establece sanciones inmediatas para los funcionarios públicos que no manejen de manera responsable los fondos y bienes del Estado.
El texto establece que «las y los funcionarios públicos elegidos directa e indirectamente y los nombrados por Presidencia de la República deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado». El incumplimiento de estas disposiciones será causal suficiente para su remoción, sin perjuicio de responsabilidades administrativas, civiles o penales. La reforma deberá aprobarse en segunda legislatura para entrar en vigor.
Según la Asamblea, esta modificación busca fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Nueva Procuraduría General de Justicia
Durante el debate, los legisladores oficialistas señalaron que la reforma se enmarca en la creación de la nueva Procuraduría General de Justicia, aprobada el pasado 6 de agosto, con el objetivo de combatir la corrupción. Este organismo integrará a la actual Procuraduría General de la República, al Ministerio Público y a otros organismos con funciones similares, para proteger el patrimonio estatal y del pueblo nicaragüense.
La Procuraduría tendrá la responsabilidad de «resguardar el patrimonio público y combatir todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución», así como de investigar y procesar delitos como lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado. Además, perseguirá cualquier acto que afecte el patrimonio económico, natural, cultural, material, político o jurídico del país, evitando encubrimientos de intereses ajenos al pueblo.
Esta reforma también deberá ser aprobada en segunda legislatura para entrar en vigor.


