Lasso se enfrenta al juicio político en Ecuador por malversación de fondos públicos


Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

ECUADOR.- Este martes arranca en la Asamblea Nacional de Ecuador el juicio político al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, señalado del presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas. Posteriormente, el mandatario –en un máximo de tres horas– presentará sus alegatos de defensa ante el pleno.

Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada esta etapa, el presidente se retirará del pleno y comenzará el debate en la Asamblea Nacional, donde podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por turnos de 10 minutos.

Después, según la ley, en el plazo de cinco días de concluido el debate, Saquicela debe convocar a la sesión del pleno para resolver el juicio político. Para la aprobación de la moción de censura se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos el pronunciamiento a favor de 92 asambleístas.

La acusación

Lasso es señalado del supuesto delito de peculado, vinculado a un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.

El caso se remonta a 2018, cuando Lenín Moreno aún era presidente. En esa administración, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con la que sumaron a Amazonas Tanker Pool.

En noviembre de 2021, cuando ya gobernaba Lasso, la Contraloría General del Estado emitió un informe señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar «la conveniencia y pertinencia de continuar» con la asociación.

La acusación de los asambleístas señala que, pese a ello, el año pasado se habría firmado un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool.

En la sesión en el Congreso de la semana pasada, la asambleísta Viviana Veloz, interpelante en el juicio político, especificó que hay una adenda o contrato complementario, que habría sido firmado en octubre del año pasado —aunque en la acusación inicial se indicaba que fue en julio— y que tendría «dos clausulas contractuales gravísimas».

En la resolución aprobada por los parlamentarios, para dar continuidad al juicio político, se establece que el mandatario «conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec».