Desde el 1º de enero del presente año la municipalidad de San Vicente, dirigida por el Alcalde José Roberto Barrientos utiliza un botadero a cielo abierto para disponer la basura del municipio.
SAN VICENTE.- Una fuente del Concejo Municipal de San Vicente informó a este medio que la municipalidad de San Vicente recibió comunicación del juzgado ambiental de San Salvador, en el que le impone una serie de medidas cautelares encaminadas a evitar que se siga utilizando como botadero a cielo abierto un inmueble municipal situado en kilómetro 69 de la carretera que de San Vicente conduce a Zacatecoluca y que actualmente genera un grave foco de contaminación e insalubridad en la zona.
De acuerdo a la fuente se ordena al Alcalde Barrientos, como representante del municipio a realizar de inmediato la recolección y limpieza del inmueble con la finalidad de evitar mayores impactos al medio ambiente y a la salud de los habitantes cercanos al botadero a cielo abierto. También se está prohibiendo que el lugar siga siendo usado como botadero o punto de transbordo por no contar con los permisos ambientales de funcionamiento, sobre todo tomando en cuenta las reformas a la ley de medio ambiente y el Código Penal que disponen penas de prisión y multas a las personas y/o funcionarios que arrojen más de 2 libras de basura a un sitio no adecuado para la disposición.
El inmueble como informó este medio el pasado 5 de enero, llegó a acumular en solamente una semana unas 500 toneladas de basura, como resultado de una crisis de recolección y transporte de la basura en la ciudad de San Vicente, generada a partir de una contratación irregular efectuada por el Alcalde José Roberto Barrientos, al momento de adjudicar a la empresa CRISTOPHER, S.A. para brindar el servicio de transporte y disposición final. Para contratar a la mencionada compañía se emitió en diciembre del año recién pasado, un decreto de emergencia, a pesar que no existía ninguna causa o motivo legítimo para realizar la contratación saltándose los procedimientos regulados en la ley de contrataciones del Estado.
Así también, la fuente manifestó que en la resolución del juez ambiental se remitió el caso a la Fiscalía General de la República para que inicie las acciones correspondientes contra los responsables de la contaminación ambiental generada, esto además que cualquier incumplimiento provocará que también se cometa el delito de Desobediencia a orden judicial por parte del Alcalde José Roberto Barrientos y de aquellos miembros del Concejo Municipal que hayan participado de los actos de contaminación al no haber prevenido los daños ambientales que finalmente se han producido.
