La Fiscalía continuó este lunes sus alegatos finales en el juicio histórico contra la estructura criminal, señalando que la pandilla intentó sustituir al Estado y recaudó millones de dólares en extorsiones.
EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República (FGR) continuó este lunes con los alegatos finales en el juicio histórico contra 485 cabecillas de la MS-13, acusados de diversos delitos relacionados con la operación y dirección de la estructura criminal.
Durante la jornada, la representación fiscal expuso los cargos por agrupaciones ilícitas y rebelión, solicitando al tribunal que declare responsables a los imputados como creadores, jefes y dirigentes de la pandilla.
El fiscal adjunto Max Muñoz afirmó que la acusación demostrará cómo la MS-13 se alzó en armas de grueso calibre contra el Estado salvadoreño con el propósito de imponer un sistema criminal paralelo, atribuyéndose facultades propias de las instituciones legítimas.
Según la FGR, los cabecillas decidían quién vivía o moría dentro de los territorios bajo su control, cobraban extorsiones y pretendían sustituir a las autoridades estatales, atentando contra el orden constitucional del país.
La Fiscalía también expuso que la estructura criminal obtuvo al menos 9 millones de dólares en extorsiones entre 2012 y 2022, cobradas a cuatro víctimas que pagaban bajo amenazas contra sus vidas y las de sus familiares.
Las investigaciones señalan que el dinero obtenido mediante extorsiones fue utilizado para la compra de armas de fuego de distintos calibres y para financiar otras actividades criminales.
Asimismo, el Ministerio Público presentó evidencias relacionadas con el tráfico de drogas y armas, indicando que la pandilla movilizaba principalmente marihuana y cocaína provenientes de México a través de Guatemala, además de adquirir armamento utilizado para enfrentar a las fuerzas de seguridad.
Otro de los puntos destacados por la Fiscalía fue que la MS-13 utilizó a 1,212 menores de edad entre 2012 y 2022 para trasladar armas y drogas en diferentes zonas del país, como parte de sus operaciones ilícitas.
La FGR sostiene que cuenta con denuncias, declaraciones anticipadas de testigos y otros elementos probatorios que respaldan las acusaciones presentadas contra los 485 procesados.
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