La decisión responde a demandas de grupos ecologistas y de la tribu Miccosukee, por lo que la jueza ordenó retirar generadores y residuos en 60 días.
ESTADOS UNIDOS.- La jueza federal Kathleen Williams determinó este jueves que el centro de detención Alligator Alcatraz, construido hace apenas dos meses en los Everglades de Florida, podrá continuar en funcionamiento, pero no podrá expandirse y deberá retirar en un plazo de 60 días todos los generadores, residuos y equipos instalados para apoyar las obras.
La decisión surge tras varias semanas de audiencias en las que grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee alegaron que la construcción de este centro migratorio —ubicado junto a un aeropuerto abandonado— viola leyes federales de protección ambiental y amenaza hábitats sensibles, incluidos los de especies en peligro de extinción como la pantera de Florida.
Williams ya había ordenado a principios de agosto una suspensión temporal de las obras para evaluar los posibles daños. Ahora, su fallo mantiene la operación del centro, que alberga a cientos de detenidos y está diseñado para recibir hasta 3,000, pero prohíbe la instalación de nuevas tiendas de campaña, iluminación industrial, pavimentación o cualquier obra adicional.
El director del Departamento estatal de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, David Kerner, defendió la creación de Alligator Alcatraz como un recurso necesario para aliviar el hacinamiento en los centros de detención federales y estatales. Explicó que sus 1,800 agentes están autorizados a detener migrantes indocumentados bajo un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, aunque aclaró que el Gobierno federal no indica dónde deben ubicarse los detenidos.
Por el lado ambiental, expertos convocados por los demandantes sostuvieron que se han añadido al menos 20 acres de asfalto, lo que incrementa el riesgo de escorrentía de agua contaminada hacia los humedales y las tierras de la tribu Miccosukee. Según Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu, la alteración del flujo de nutrientes podría afectar la vegetación, la fauna silvestre y hasta la movilidad de las comunidades locales.
El fallo deja abierta la incógnita de cómo podrá operar la instalación una vez retirados los equipos señalados, pero también establece un precedente al reconocer que el centro es, como mínimo, una iniciativa conjunta entre el Gobierno estatal y federal. Con ello, el caso podría seguir escalando en instancias judiciales, en medio de un debate que combina gestión migratoria y protección ambiental.
CON INFORMACIÓN DE TELEMUNDO
