EL SALVADOR.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició la devolución de dinero a las víctimas del caso Venicars y convocó a un primer grupo de 260 afectados. La investigación identifica a 1,750 personas estafadas mediante una sociedad que ofrecía financiamiento y compras programadas de vehículos que no fueron entregados.
Según la FGR, la empresa Venicars S.A. de C.V. fue constituida en El Salvador por ciudadanos extranjeros bajo una apariencia de legalidad. La sociedad promocionaba en redes sociales vehículos de alta gama y ofrecía distintas modalidades de pago para adquirirlos, entre ellas créditos, cuotas mensuales y sistemas de licitación.
Los clientes debían pagar una inscripción y realizar aportaciones periódicas, con contratos cuyos montos oscilaban entre $9,000 y $34,000. Las primas iban de $540 a $1,800 y las cuotas mensuales de $154 a $549.
Sin embargo, los fondos no se destinaban directamente a comprar los vehículos seleccionados por los clientes. La investigación estableció que el dinero se distribuía entre los integrantes de la sociedad y que la entrega de automóviles dependía de sorteos o licitaciones en los que participaban grupos de hasta 156 personas.
La FGR detalló que la empresa solamente concretó la compra de ocho vehículos: cinco fueron entregados a ganadores de las licitaciones y tres quedaron para uso personal de los cabecillas. Uno de estos automóviles tenía un valor superior a $33,000.
Movilización de fondos y lavado de dinero
La investigación también identificó movimientos de dinero hacia cuentas personales de los integrantes de la estructura, así como transferencias internacionales. Según los reportes de inteligencia financiera, entre el 1 de diciembre de 2023 y el 27 de marzo de 2025, la sociedad registró depósitos superiores a $2 millones y retiros por una cantidad cercana.
También, la FGR identificó transferencias internacionales por más de $130,000 destinadas a la constitución, operación, inversiones, viáticos y supuestos gastos operativos de la empresa.
La estructura también habría utilizado la contratación de pólizas de seguros para justificar movimientos contables. De acuerdo con la investigación, algunas pólizas eran canceladas y el dinero terminaba en cuentas personales de los integrantes, con transferencias hacia Norteamérica y Sudamérica, incluidas cuentas vinculadas con familiares de los socios.
Como parte de las diligencias, las autoridades congelaron cinco cuentas bancarias por $848,359.79. También gestionaron la ubicación de activos fuera del país e iniciaron procesos de extinción de dominio sobre bienes incautados en El Salvador.
Ocho procesados por el caso
La FGR informó que ocho personas enfrentan procesos judiciales por este caso: cuatro están presentes y otras cuatro ausentes. Para estas últimas se solicitó la difusión roja de Interpol.
Entre los principales involucrados identificados anteriormente por las autoridades figuran los venezolanos Daniel Alejandro Guzmán y Bryan José Urbano Salazar, así como los ecuatorianos Gabriel Andrés Ponce Ruiz y Heidy Jhoanna Álvarez Topón.
La investigación también permitió establecer la existencia de cláusulas abusivas en los contratos y la imposición de sanciones administrativas que dieron paso a las primeras denuncias y conciliaciones.
Una de las personas afectadas relató que conoció la oferta mediante publicidad en redes sociales en noviembre de 2024. Pagó la inscripción y las cuotas de noviembre y diciembre, pero cuando consultó por la entrega del vehículo le indicaron que debía continuar pagando porque no tenían unidades disponibles.
La víctima dejó de realizar los pagos en enero y solicitó la devolución del dinero. Meses después, al conocer que el establecimiento era investigado por la FGR, regresó a la agencia, pero no le permitieron ingresar y le indicaron que debía presentar una denuncia.


