Jonathan Stanley García Vásquez, detenido en Nueva Jersey, fue enviado a su país natal tras una operación coordinada por Estados Unidos y agencias internacionales.
ESTADOS UNIDOS.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos confirmó la deportación de Jonathan Stanley García Vásquez, un ciudadano salvadoreño acusado en su país de homicidio agravado y de pertenecer a una organización terrorista.
La operación de retorno se llevó a cabo el pasado 14 de febrero, según informó ICE, tras un proceso que involucró múltiples agencias y cooperación internacional. García Vásquez había sido detenido previamente en Nueva Jersey y permaneció bajo custodia hasta su traslado a El Salvador.
De acuerdo con la agencia, esta deportación subraya el compromiso de la agencia con la seguridad pública y la protección de los ciudadanos estadounidenses. Brian McShane, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) en Filadelfia, destacó la importancia de la colaboración internacional en este caso.
“El éxito de esta operación demuestra la fortaleza de nuestra cooperación global. Seguiremos trabajando incansablemente para proteger a nuestra población de quienes buscan hacerles daño”, afirmó McShane en un comunicado oficial.
Un historial de detenciones y órdenes de deportación
El caso de García Vásquez comenzó en junio de 2016, cuando fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cerca de Hidalgo, Texas, tras ingresar al país sin inspección ni autorización. Ese mismo día, las autoridades le notificaron una orden de deportación expedita por inadmisibilidad. Sin embargo, en enero de 2017, un juez de inmigración del Departamento de Justicia le otorgó una fianza migratoria, lo que permitió su liberación en febrero de ese año.
Posteriormente, en agosto de 2018, las autoridades salvadoreñas emitieron una orden de arresto contra García Vásquez por los cargos de homicidio agravado y su presunta participación en actividades terroristas.
Dos meses después, en octubre de 2018, un juez de inmigración en El Paso, Texas, ordenó su deportación en ausencia. No obstante, García Vásquez permaneció en Estados Unidos hasta diciembre de 2024, cuando fue detenido nuevamente durante una operación rutinaria de ICE en Nueva Jersey.
El papel de la cooperación internacional en la deportación
La deportación de García Vásquez fue posible gracias a la colaboración entre las oficinas de ICE en Filadelfia y Newark, así como al trabajo del equipo de la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos (SAFE) en El Salvador. Este grupo desempeñó un papel clave en la coordinación con las autoridades salvadoreñas para garantizar que el acusado enfrentara la justicia en su país de origen.
ICE destacó que este tipo de operaciones son fundamentales para cumplir con su misión de seguridad nacional y pública. Según la agencia, la remoción de fugitivos extranjeros buscados por delitos graves no solo protege a los ciudadanos estadounidenses, sino que también refuerza la cooperación con países socios en la lucha contra el crimen transnacional.
Políticas migratorias y tensiones en Estados Unidos
Mientras tanto, el panorama migratorio en Estados Unidos sigue siendo objeto de controversia. Según reportó Forbes, la administración del expresidente Donald Trump implementó medidas que generaron tensiones en el sistema judicial de inmigración, incluyendo el despido de más de una docena de jueces de inmigración en febrero de 2024.
Esta decisión, que se produjo en medio de un considerable retraso en los casos pendientes, fue calificada como “inexplicable” por Matthew Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, quien señaló que la medida contradice las promesas de campaña de Trump de endurecer las políticas migratorias.
Además, el gobierno de Trump exploró opciones controvertidas para manejar a los inmigrantes indocumentados. Entre estas, se incluyó la posibilidad de enviar a personas condenadas por delitos no violentos a la base naval de Guantánamo Bay, donde se construyó una instalación capaz de albergar hasta 30.000 migrantes deportados.
Según The New York Times, esta instalación fue descrita como una “ciudad de tiendas de campaña” y se utilizó para detener a más de 30 inmigrantes acusados de pertenecer a una pandilla venezolana.
Reacciones internacionales y locales
Las políticas de deportación masiva también generaron críticas a nivel internacional. En una carta abierta dirigida a los obispos estadounidenses, el Papa Francisco calificó estas medidas como una “crisis mayor” y advirtió sobre las consecuencias de devolver a personas vulnerables a situaciones de pobreza o persecución. Según el pontífice, el verdadero bien común se logra al proteger a los más frágiles y desamparados.
En el ámbito local, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció su intención de permitir nuevamente la presencia de agentes de ICE en la prisión de Rikers Island, una práctica que había sido prohibida desde 2015 bajo las leyes de santuario de la ciudad. Adams argumentó que esta medida es necesaria para combatir la violencia de las pandillas migrantes en la ciudad.
El Salvador y la propuesta de encarcelar deportados
En un contexto de creciente cooperación entre Estados Unidos y El Salvador, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, propuso encarcelar a los deportados, incluidos aquellos con antecedentes penales en Estados Unidos.
Aunque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la propuesta como “generosa”, también señaló que existen cuestiones legales que deben resolverse antes de implementarla.
