El reporte de asesinatos del 2022 fue el más alto de la historia del país: una cifra 66,5% mayor que la del 2012
COSTA RICA.- Los actos individuales de sicariato dejaron de ser noticia llamativa en Costa Rica y la palabra “balacera” es cada vez más frecuente en los titulares de los medios de comunicación. Los homicidios no son más un monopolio de la noche y ya no es raro un ataque armado a las 9 de la mañana en una carretera concurrida de la capital del país reconocido internacionalmente por un ambiente de tranquilidad, ahora poco coherente con las tasas de homicidios que aquí aumentaron en la última década casi como en ningún otro países del continente.
El reporte de asesinatos del 2022 fue el más alto de la historia del país: una cifra 66,5% mayor que la del 2012, para una tasa récord de 12,6 por cada 100.000 habitantes, mientras los registros del 2023 ya lo superan en un 30%.
Las disputas entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico ya no se quedan en los barrios marginales ni en las regiones costeras por donde más pasa la cocaína hacia el norte. El aumento de la pobreza y la desigualdad de las últimas dos décadas, los recortes presupuestarios que limitan a los cuerpos policiales y la influencia de bandas internacionales ponen contra las cuerdas al país que se ufana de haber abolido el ejército hace 75 años y haber dedicado esos recursos a inversión social.
Repunte de muertos por bala perdida
Los registros de la última década muestran que los grupos criminales se han matado entre ellos, lo que llevó a uno de los mayores incrementos de homicidios del continente, según un comparativo publicado por el semanario local Universidad, en el que se advierte la mejoría en países con mayores historiales de violencia
Ya no es tan raro que una persona escuche balazos desde su casa y por eso murió Samuel Arroyo, un niño de ocho años herido por una bala perdida de un fusil de asalto AK-47 que lo alcanzó en la habitación donde dormía en la noche del último domingo de febrero.
“Es indignante, inexplicable e inaceptable”, dijo sobre ese crimen el presidente Chaves, quien en 2022 rechazó responsabilidad suya sobre la crisis de inseguridad, pues aducía que su Gobierno apenas había empezado en mayo y que sus números empezarían a contar al comenzar 2023. El problema es que este año depara aún más violencia que el anterior y parece desbordar el Poder Ejecutivo
Las cifras, sin embargo, son groseras para un país que invita a turistas, a inversionistas y a nómadas digitales: las denuncias por asaltos subieron 19,5% entre 2021 y 2022 (uno cada 49 minutos), las de robos en viviendas un 15% (uno cada 80 minutos), por robo de vehículos un 30%, en contenedores con mercancía un 14% y un 11,7% los asesinatos, uno cada 13 horas, según las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De los homicidios, dos tercios están vinculados al crimen organizado y el 72% fue provocado con arma de fuego, pero el rubro que más creció es el que refiere a casos como el del niño Samuel: en 2021 hubo siete víctimas colaterales (muertes no intencionales derivadas de un homicidio doloso) y en el 2022 fueron 18, una cada 20 días, lo que depara un incremento del 128%.
Ante la limitada respuesta que distintos sectores políticos y sociales achacan al Gobierno de Chaves, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, decidió convocar en marzo reuniones de urgencia con expertos y autoridades, mientras algunos diputados alaban las políticas de mano dura de Nayib Bukele en El Salvador y otros insisten en la necesidad de acciones dentro del régimen democrático y sin dejar las estrategias sociales.