El Gobierno de Guatemala advierte que no cederá ante chantajes ni devolverá privilegios a los líderes criminales.
GUATEMALA.- El Gobierno de Guatemala se declaró este sábado en alerta máxima tras el estallido de motines coordinados por la pandilla Barrio 18 en tres centros penales del país. La crisis, que ha dejado al menos 46 empleados del Sistema Penitenciario retenidos, es la respuesta del crimen organizado a los recientes esfuerzos del Estado por desmantelar las redes de extorsión que operan desde las cárceles.
Motines coordinados y rehenes
Los disturbios comenzaron de forma simultánea en puntos estratégicos: la prisión de máxima seguridad Renovación I (Escuintla), Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital.
Entre las 46 personas privadas de su libertad por los internos se encuentran mayoritariamente guardias de seguridad, aunque las autoridades confirmaron que también figura un psicólogo del sistema. Hasta el cierre de esta edición, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que no se han reportado víctimas mortales ni heridos entre los rehenes.
El desafío de Barrio 18: “No habrá pactos”
De acuerdo con la información oficial, la revuelta fue orquestada por los líderes de Barrio 18 como medida de presión para que su máximo cabecilla sea trasladado a otro recinto donde pueda recuperar “privilegios y trato especial”. Además, la pandilla busca frenar las requisas que el Ejecutivo ha intensificado para desmantelar “call centers” de extorsión y bloquear el ingreso de armas y drogas.
Pese a la magnitud del incidente —que supera en número de rehenes a cualquier registro anterior en la historia penitenciaria del país—, el ministro Villeda descartó cualquier posibilidad de diálogo.
“Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, sentenció el funcionario en conferencia de prensa.
Seguridad y cerco militar
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Gobernación desplegó a fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, apoyadas por unidades del Ejército de Guatemala, para mantener el control total de los perímetros exteriores de las prisiones afectadas.
El objetivo primordial es garantizar la seguridad de las poblaciones circundantes y evitar posibles fugas masivas, mientras los protocolos de seguridad interna se activan para buscar la liberación de los trabajadores retenidos.
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