Además, pidió a sus fiscales pedir la pena de muerte siempre que sea posible y ayudar a otras agencias federales a “eliminar” a los carteles.
ESTADOS UNIDOS.- La fiscal general, Pam Bondi, ordenó este miércoles la retirada de fondos del Departamento de Justicia a las jurisdicciones que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
El hecho, anunciado en un comunicado este miércoles, podría suponer un importante recorte de fondos para Nueva York, entre otras ciudades.
Entre los estados santuario se encuentran California y Connecticut, mientras que entre las ciudades están Chicago, Philadelphia y Washington, D.C.
“De conformidad con las leyes, reglamentos, órdenes judiciales y condiciones aplicables, el Departamento de Justicia suspenderá la distribución de todos los fondos hasta que se haya completado una revisión, rescindirá cualquier acuerdo que infrinja la ley o sea fuente de despilfarro, fraude o abuso, e iniciará procedimientos de recuperación o restitución, cuando proceda”, indicó el documento.
Bondi juró el cargo este miércoles al frente del Departamento de Justicia en una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca horas después de ser confirmada por el Senado.
“Le haré sentirse orgulloso y haré que el país esté orgulloso”, dijo Bondi ante el presidente, el republicano Donald Trump, “devolveré la integridad al Departamento de Justicia y combatiré el crimen violento en todo el país y todo el mundo, haré que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
Bondi, que sirvió anteriormente como fiscal general de Florida, prepara ya una serie de directivas de gran alcance en su primer día al frente del Departamento de Justicia, según adelantó la cadena de noticias Fox News. Entre ellas destaca una para que los fiscales busquen la pena de muerte en todos los casos donde sea apropiado; otra para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional para “eliminar por completo” a los carteles y otros grupos criminales internacionales; y otra para pausar todos los fondos federales para las ciudades santuario.
Las llamadas ciudades (como Chicago) y estados (como California) santuario se niegan actualmente a alertar a las autoridades migratorias cuando encuentran o detienen a indocumentados que, cuando terminan de cumplir su condena en prisiones estatales o cárceles locales, son liberados en vez de entregados al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ser deportados.
En una entrevista en enero en Fox News, tras su investidura, Trump dijo que está “intentando acabar” con las ciudades santuario, y planteó cortar los fondos federales: “Puede que tenga que hacerlo”.
El Departamento de Justicia ya había ordenado a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el camino de la aplicación de medidas migratorias, de acuerdo con un memorando dirigido a todo el personal obtenido por The Associated Press este miércoles.
El equipo de transición del presidente empezó a trabajar en un posible recorte de fondos federales para ciudades santuario tras su victoria en las elecciones de noviembre, informó NBC News, pese a que posiblemente desencadenaría una larga batalla judicial, como ocurrió con un intento similar durante su primer mandato.
Para presionar a las fuerzas del orden locales a cooperar, Trump les podría cortar a las ciudades santuario el acceso a las subvenciones del Departamento de Justicia, conocidas como el programa Byrne JAG, que es la principal fuente de financiación de la justicia federal para las jurisdicciones estatales y locales.
Históricamente, el Departamento de Justicia ha concedido más de 250 millones de dólares anuales a las fuerzas del orden estatales y locales a través de ese programa. El proceso es competitivo, y las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley han utilizado los fondos para cubrir gastos de la policía, los centros de rehabilitación de drogas y los programas correccionales.
Durante el primer mandato de Trump, varios estados, entre ellos Nueva York, demandaron a su Gobierno después de que cortara las subvenciones Byrne JAG a las ciudades santuario. Luego de que un tribunal de apelaciones diera la razón a la Administración, los estados controlados por demócratas apelaron a la Corte Suprema.
Antes de que la Corte Suprema dictaminara, el demócrata Joe Biden ganó la elección de 2020, asumió el cargo y restauró el programa. El equipo de Trump confiaba sin embargo en que, si ahora el caso llega a la Corte Suprema, la mayoría conservadora de magistrados les daría la razón.
Con información de Telemundo.
