Carlos Miranda Díaz fue capturado tras permanecer prófugo desde el 22 de agosto de 2022, acusado en en un caso contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros imputados.
EL SALVADOR.- Este miércoles, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador realiza audiencia de revisión de medidas contra Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar del Estado Mayor Presidencial, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de lavado de dinero.
Miranda Díaz fue capturado tras permanecer prófugo desde el 22 de agosto de 2022, cuando la FGR presentó un expediente judicial contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros 17 imputados por corrupción. En la acusación, se señala que, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019, los involucrados habrían desviado $183.8 millones provenientes de la partida de Gastos Reservados de la Presidencia y se habrían apropiado de $3.9 millones donados por Taiwán.
Según la Fiscalía, los acusados crearon una compleja red dentro de Casa Presidencial (CAPRES) para desviar fondos públicos hacia personas y empresas sin vínculos contractuales con el Estado.
La defensa de Miranda Díaz ha solicitado que se le otorguen medidas alternas a la detención. El caso aún se encuentra en fase de instrucción.
Entre los principales señalados en el proceso figuran el expresidente Salvador Sánchez Cerén, asilado en Nicaragua, el exsecretario privado José Manuel Melgar Henríquez, el exjefe de presupuesto José Armando Escobar Barillas, el exgerente financiero Carlos Ernesto Guerrero Ventura, y Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
También están imputados el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Arturo Gilberto Alvarado; William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén; Carlos Guardado; y el teniente coronel José Saúl Osorio Rodríguez, quien fungía como oficial de enlace entre la Fuerza Armada y la Presidencia.
En el expediente también se procesan a empresarios como Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, acusado de haber recibido fondos públicos sin figurar como proveedor registrado de la Presidencia.
Asimismo, Manuel Arturo Ayala Orellana, quien fue director ejecutivo de la Presidencia durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, enfrenta cargos por peculado y lavado de dinero.
