“Mi demanda ha sido recibida formalmente por la CIDH”, destacó Reyes.
EL SALVADOR.- A través de sus redes sociales, Sigfrido Reyes, exdirigente del FMLN y quien llegó a liderar la Asamblea Legislativa bajo ese partido, interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas “graves violaciones” a sus derechos humanos y la de su familia.
“Tanto la CSJ como el exfiscal (Raúl Melara) actuaron con evidente falta de independencia y como parte de una vil conspiración política, cuyo propósito ha sido desterrarme de la participación política de mi país, utilizando de manera perversa al sistema judicial “, resaltó Reyes en su red social en X.
“Mi demanda ha sido recibida formalmente por la CIDH. Estoy seguro que la justicia del sistema interamericano sancionará a los violadores de los DD HH. de mi persona, familia y otros inocentes más, dictará medidas apropiadas de reparación y exigirá garantías de no repetición”, remarcó.
De acuerdo a Sigfrido Reyes son derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos CADH: 1. Derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación. 2. Derecho a la protección Judicial. 3. Derecho a comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.
“La violación a los citados derechos humanos dio origen a una feroz y arbitraria persecución política, ordenada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y más tarde por Raúl Melara, ex Fiscal General de la República”, puntualizó.
Othon Sigfrido Reyes Morales es un político salvadoreño, exdirigente del FMLN, fungió como Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador
El exfuncionario público fue demandado por la FGR, en su calidad de diputado propietario y como presidente de la Asamblea Legislativa en representación del partido FMLN, ambas funciones, en 3 períodos distintos comprendidos entre los años 2006 al 2015.
Según el expediente, durante el desempeño de esos cargos, a él y a sus parientes se les descubrieron que cometieron nueve irregularidades que no justificaron al comprar inmuebles, vehículos, depósitos bancarios y otros gastos que realizaron de forma injustificada.
En total, la FGR le reclama un total de $472,464.04, dinero que deberán restituir al Estado. De momento se encuentra prófugo de la justicia salvadoreña.
