Un nuevo informe oficial pide “extrema cautela” ante confiscaciones, presión fiscal, falta de seguridad jurídica y ventajas concedidas por el régimen de Ortega y Murillo a empresas chinas.
EE.UU.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este martes el informe 2026 Investment Climate Statements: Nicaragua, en el cual recomendó a los inversionistas extranjeros actuar con “extrema cautela” debido al deterioro del clima de negocios, el aumento de confiscaciones y el control político sobre la economía en la nación centroamericana.
El documento, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, advierte sobre un escenario en el que no existe Estado de derecho ni predictibilidad empresarial. Según el análisis, las decisiones económicas clave requieren la aprobación directa de la Presidencia, mientras que los inversionistas enfrentan presiones fiscales, auditorías arbitrarias y una desventaja competitiva frente a empresas chinas que reciben tratos preferenciales.
A pesar de que el informe reconoce indicadores macroeconómicos estables y recuerda que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua —así como el origen de más del 80 por ciento de las remesas que sostienen su economía—, Washington colocó el riesgo político e institucional como el principal factor de alarma para el capital extranjero.
Con la nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada en febrero de 2025, se creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), encargada de supervisar y regular el capital extranjero. Los inversionistas quedaron obligados a registrarse y entregar informes trimestrales e información estadística a las autoridades.
El Departamento de Estado considera que el nuevo esquema amplía el control y la vigilancia estatal sobre las inversiones. Chamorro coincide en que esa modificación es relevante y señala que el registro obligatorio constituye un mecanismo adicional de control político sobre quienes pretenden invertir en Nicaragua.
El informe también describe instituciones regulatorias sin suficiente independencia y reglas que no se aplican de manera transparente. Según Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla directamente sectores económicos para favorecer a sus aliados y las autoridades reguladoras pueden actuar arbitrariamente. A ese panorama se suma el debilitamiento de las organizaciones empresariales independientes: en 2023 fueron canceladas y confiscadas 19 cámaras empresariales y en agosto de 2024 otras 151, entre ellas la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham.
