“Un preso o perseguido político es por sus ideales. No es ladrón ni corrupto”, sostuvo la analista política.
EL SALVADOR.- La analista política Mélida Villatoro aseguró que en la actualidad, en El Salvador no existen perseguidos políticos ni presos políticos, y que quienes se presentan como tales “son delincuentes comunes”.
“Los seudo llamados prisioneros políticos y perseguidos políticos son delincuentes comunes”, declaró en el programa Las Cosas Como Son, este miércoles. “En este momento histórico en El Salvador no existen perseguidos políticos ni presos políticos”, enfatizó.
Villatoro explicó que los presos políticos del país fueron aquellos detenidos en la década de los 80 por sus ideales, sin estar vinculados a delitos establecidos por la ley. “Un preso o perseguido político es por sus ideales. No es ladrón ni corrupto”, dijo.
La analista señaló que más de 3,000 personas sufrieron detenciones y torturas en los 80 por oponerse al sistema de entonces. En contraste, indicó que hoy las condiciones son distintas y no se registran torturas ni persecución por motivos políticos.
“El preso político es íntegro. El perseguido político es una persona de puros ideales, honrada y honesta. Puede ser considerado subversivo porque busca cambiar el orden del país, ese orden injusto que existía en El Salvador”, subrayó Villatoro, mientras que, según su análisis, los detenidos actualmente lo son por delitos comunes, como estafa y enriquecimiento ilícito, y no por sus convicciones políticas.
La analista también señaló que algunos sectores políticos y organizaciones, como Cristosal, así como ciertas instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Asamblea Legislativa, operaban como espacios para intereses partidarios, ofreciendo empleos y protección a activistas de partidos políticos. Según Villatoro, estos intereses no representan persecución política ni defensa de la población, sino agendas personales o político-partidarias.
Estas declaraciones se dieron después de que la organización Cristosal publicara su informe “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador (2019–2025)”, que documenta 245 casos de supuesta persecución política, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.
El informe incluye a la abogada Ruth López (detenida y acusada de enriquecimiento ilícito), a los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya (asilados en España y quienes estarían acusados de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones en el caso La Floresta), al exalcalde Ernesto Muyshondt (condenado por incumplimiento de deberes durante su gestión en un caso de retención de cuotas laborales y vinculado al caso de negociaciones con pandillas) y la exdiputada Lorena Peña (condenada por enriquecimiento ilícito).
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