El juez federal de distrito James E. Boasberg dice que el Gobierno debe responder sobre la expulsión el domingo de cientos de inmigrantes a El Salvador que Trump describe, sin pruebas, como miembros de pandillas y grupos criminales.
ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal en Washington, D.C., convocó a una audiencia este lunes por la tarde para determinar si el Gobierno de Donald Trump violó su orden sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a 238 inmigrantes que, según el presidente, son miembros de pandillas.
El juez federal de distrito James E. Boasberg afirmó que el Gobierno debe prepararse para responder preguntas sobre la línea de tiempo en que realizó varios vuelos de deportación el fin de semana a El Salvador y cómo ocurrió el cambio de custodia de los inmigrantes.
Boasberg había ordenado que los vuelos que transportaban a deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros regresaran a Estados Unidos, pero el Gobierno declaró el domingo que varios aviones con inmigrantes expulsados habían aterrizado en El Salvador, lo que plantea dudas sobre si la Administración desobedeció la orden judicial.
Cuando al juez le informaron que había aviones en el aire con destino a El Salvador, que había aceptado acoger a los migrantes deportados y llevarlos a una conocida prisión en el país, Boasberg indicó que el Gobierno debía actuar con rapidez. “Informe de esto a sus clientes inmediatamente: cualquier avión que contenga a estas personas y que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos”, dijo Boasberg al abogado del Gobierno el sábado por la noche.
En una demanda presentada para detener las deportaciones en virtud de la ley invocada por Trump la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU, en inglés) y Democracy Forward, pidieron este lunes al juez que obligara a los funcionarios a explicar bajo juramento si violaron su orden judicial.
Inicialmente, el juez había programado una audiencia para el viernes para escuchar más argumentos, pero las dos organizaciones que presentaron la demanda le instaron a obligar a la Administración a explicar en una declaración bajo juramento lo que había sucedido.
Después de que Boasberg programó la audiencia para este lunes y dijo que el Gobierno tenía que estar preparado para responder a preguntas sobre su conducta, el Departamento de Justicia se opuso, y afirmó que no podía responder sobre el tema en un foro público porque implicaba “cuestiones delicadas de seguridad nacional, relaciones exteriores y coordinación con naciones extranjeras”. Boasberg denegó la solicitud del Gobierno de cancelar la audiencia, lo que llevó a la Administración Trump a pedir que el juez fuera apartado del caso.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “la orden escrita y las acciones de la Administración no se contradicen”.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite la expulsión de no ciudadanos de manera acelerada sin el debido proceso judicial. Estados Unidos solo la ha usado en tiempos de guerra. Tras décadas sin ser empleada, Trump la invocó este fin de semana, mientras su Gobierno busca cumplir su promesa de deportaciones masivas.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “la orden escrita y las acciones de la Administración no se contradicen”.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 permite la expulsión de no ciudadanos de manera acelerada sin el debido proceso judicial. Estados Unidos solo la ha usado en tiempos de guerra. Tras décadas sin ser empleada, Trump la invocó este fin de semana, mientras su Gobierno busca cumplir su promesa de deportaciones masivas.
