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El fiscal general que convirtió el Centro de Escuchas Telefónicas en centro de espionaje de abogados (Segunda entrega)

#Nacional | Lunes, 22 de abril del 2019
 
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El fiscal general que convirtió el Centro de Escuchas Telefónicas en centro de espionaje de abogados (Segunda entrega)

 

POR REDACCIÓN
SAN SALVADOR.- El exfiscal general Douglas Meléndez y el Juez Español Baltazar Garzón, son dos personajes que a primera vista no parecen tener nada en común; sin embargo, al profundizar en sus hojas de vida, podemos encontrar al menos dos similitudes: la primera, que se trata de dos operadores del Sistema Penal, que se alzaron con bandera de “adalides de causas justas”, célebre frase del exfiscal salvadoreño, cuando en una entrevista destacó que “su combate a la corrupción, tenía tal respuesta, que un día llegando a un restaurante y al verlo ingresar todos los comensales se levantaron y lo aplaudieron de pie”. Y la otra, porque de acuerdo a la información que se va obteniendo y compilando, éste también habría incurrido en la interceptación ilegal de comunicaciones, un hecho por el cual el exjuez Garzón ha sido condenado por prevaricación a 11 años de inhabilitación en España.
 
Este medio, en seguimiento a la investigación que realiza, en la cual se muestran indicios de posibles delitos graves en los que habría incurrido el exfiscal general, Douglas Meléndez, desarrolla la segunda entrega en la que a partir de testimonios de exfiscales de Unidades Élites de la Fiscalía General de la República (FGR) y empleados judiciales; quienes además de sus relatos mostraron evidencias que confirmarían que Douglas Meléndez, habría utilizado el centro de escuchas, como su propio organismo de Inteligencia, con el propósito de interceptar comunicaciones sin autorización judicial entre imputados y defensores de casos complejos de trascendencia nacional; intervino con la aquiescencia de ciertos jueces las líneas telefónicas de abogados que se mostraron parte en procesos penales específicos, en los que el exfiscal general, tenía marcado interés; y finalmente, intervino sin autorización judicial durante el proceso de elección del nuevo fiscal general, las líneas telefónicas de varios potenciales candidatos a relevarlo del cargo. Estos y otros temas se abordan a través de esta publicación, que pretende evidenciar la forma en que un instrumento excepcional como las escuchas telefónicas, se convirtió durante la administración anterior, en un medio de espionaje y presión especialmente para abogados, políticos, empresarios y periodistas.

PUEDE LEER | Douglas Méléndez y el centro de escuchas que se convirtió en tres años de presión y espionaje de Estado (primera entrega)

 LA OBSESIÓN DEL EXFISCAL MELÉNDEZ POR EL MINISTRO DE DEFENSA
 Un exfiscal auxiliar que brinda información a este medio, bajo reserva de no revelar su identidad, pues teme por su vida, ya que después de la primera entrega de este reportaje, ha tenido seguimientos y otras acciones que le preocupan, comienza por resaltar a este medio, que a la llegada de Douglas Meléndez como fiscal general, este último se obsesionó con poder vincular al General David Munguía Payés, ministro de la Defensa, a la causa penal relacionada con “la Tregua” de Pandillas.
 
Con esa finalidad y aprovechando el acceso a información institucional, el exfiscal general, a través del Director del Centro de Escuchas, Froilán Coto, obtuvo números telefónicos de los exdirectores de Centros Penales Douglas Moreno, Nelson Rauda y Rodil Hernández, procediendo a escuchar todas sus comunicaciones, a pesar de no haber solicitado autorización judicial para ese fin; así como darles seguimiento a partir de unidades paralelas de investigadores que operan directamente bajo las órdenes del exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, Primo hermano del exfiscal general.
 
De acuerdo a la fuente citada, lo que se pretendía al intervenir a los exdirectores, era conocer si tenían comunicaciones con el ministro de Defensa, en las que se aludiera a información confidencial vinculada a la “Tregua” o con otros procesados por ese caso, también poder contar con datos que les permitiese presionarlos y provocar que aceptaran un criterio de oportunidad, para declarar falsamente contra el general Munguía Payés. Precisamente, el propio ministro de Defensa, señaló en su momento al fiscal general (Meléndez) de haber ofrecido a los procesados en el caso “Tregua” criterio de oportunidad, con la finalidad que lo incriminaran; y de forma reciente el mismo ministro, expresó en una entrevista: “Yo tuve la mala experiencia de conocer casos que se fueron a quejar inclusive con nosotros, en donde los querían obligar a los testigos a decir cosas que no les constaban, bajo amenazas de que si no lo hacían los iban a involucrar en los crímenes”. Para generar esas coacciones es que el exfiscal general utilizaba toda la información recolectada de las comunicaciones “pinchadas”, confirma la fuente.
 
Destaca además el exfiscal auxiliar, otros dos temas como relevantes. Uno, fue que a través de las escuchas telefónicas ilícitas se abrió un expediente de investigación contra el exdirector de Centro Penales, Douglas Moreno, que aún se encuentra pendiente de judicializar, las cuales no se indican en las diligencias de investigación por tratarse de interceptaciones sin autorización judicial, a las que se les da el matiz, de ser datos obtenidos por medio de declarantes anónimos de los cuales obtiene  el conocimiento la fiscalía.
 
Y el otro, punto es que el exfiscal general, Meléndez, dio la orden para que el personal de la fiscalía se retirara de la Mesa de Inteligencia de Seguridad Pública y Justicia, puesto que ellos con el Centro de Escucha, habían creado su propio aparato de “inteligencia”
 
INTERVENCIONES ILÍCITAS DE CLIENTES Y ABOGADOS


Otra de las modalidades utilizadas por la FGR, siendo titular Douglas Meléndez consistió en “pinchar” los teléfonos de reconocidos abogados del país, así como a aquellos profesionales del derecho que se mostraban parte en la defensa de imputados en casos de trascendencia nacional, a los que el exfiscal general daba mayor cobertura mediática.

 

 

La fuente detalla que entre los abogados “pinchados” recuerda que se escuchaban las comunicaciones de Roberto y Miguel Arturo, ambos de apellido Girón Flores; Julio Valdivieso, Mario Francisco Valdivieso, Omar Pastor, Hernán Cortez, Edgardo Acosta Oertel, Mario Machado Calderón, José Alberto Machado, Miguel Flores Durel, Samuel Merino González y José Mauricio Cortez Avelar entre otros. La intención era conocer cualquier relación que estos tuvieran con otros abogados, con clientes, operadores políticos, jueces o empleados judiciales o fiscales. De esa manera se iba perfilando a cada profesional y sus posibles contactos, con la intención de bloquearles las acciones de defensa que estos pudieran realizar o presionar a aquellos jueces de los que se advirtiera alguna cercanía con tales abogados.
 
Precisamente, la abogada Tania Pastor, hija del abogado y exmagistrado de la Cámara Primera de lo Penal, Omar Pastor, hizo fuertes declaraciones en una reciente entrevista, sobre la persecución que tanto su padre como ella sufrieron por ejercer la defensa técnica de personas vinculadas al llamado caso “Destape a la Corrupción” y también reiteró que en un caso en Santa Tecla, abogados que estaban en el proceso le comentaron que fueron amenazados por el exfiscal general, quien les expresó: “te voy a investigar, te voy a procesar y te voy a joder”
 
Una de las modalidades utilizadas por el Director del Centro de Escuchas, según reveló la fuente, para obtener números de teléfonos celulares era a través de algunos Secretarios y empleados del Órgano Judicial, a quienes tenían amenazados que de no colaborar serían procesados por delitos de corrupción al contar la Fiscalía con evidencia de haber favorecido a algunos abogados en ciertos casos. Los empleados judiciales, les manifestaban a los abogados, que les proporcionaran un número de contacto personal, para informarles de notificaciones en el momento que estuvieren listas y estos por la confianza muchas veces los proporcionaban. Esa era la forma de proceder de la Secretaria de un Tribunal, que en este momento está siendo investigada por la actual fiscalía por cohecho propio y otros delitos conexos por favorecer a un abogado que aparece como víctima en un sonado caso.   
 
En algunas ocasiones, solamente se hacían las interceptaciones de las llamadas, sin autorización judicial y en los que consideraban que era necesario contar con expediente de autorización, éste se solicitaba a los Juzgados Cuarto y Octavo de Instrucción, con quienes se trabajaba de la mano.
 
Especialmente recuerda, el caso de dos abogados, a quienes la fiscalía procesó por el delito de falsedad ideológica, por presuntamente haber presentado una constancia médica con el único objetivo de prolongar una audiencia; ya que uno de esos abogados, era quien había sido intervenido en sus comunicaciones, porque lo consideraban cercano a personas de interés a quienes la Fiscalía investigaba por delitos de lavado de dinero.  
 
También está el caso de Carlos Avelar, quien ejerce la defensa del exjuez Romeo Aurora Giammattei, en el denominado Caso “Rais-Martínez”, de quien inmediatamente la Unidad de Delitos de Crimen Organizado –UCCO-, conoció que se mostró parte en la causa penal, informó al Jefe de la UCCO y éste se ocupó de proceder para interceptar cualquier comunicación, con el interés de conocer los movimientos y estrategia de defensa y si se comunicaba con el imputado. Esto coincide con declaraciones que en su momento realizó el citado abogado a través de una entrevista, en la que resaltaba que la Fiscalía había convertido la intervención de las comunicaciones en la regla y no la excepción, irrespetando además la confidencialidad de las comunicaciones “cliente-abogado”.  
 
LOS CANDIDATOS A FISCAL GENERAL “PINCHADOS”
Otro de los momentos donde según el exfiscal auxiliar, el Director del Centro de Escuchas a solicitud de Douglas Meléndez, interceptó ilegalmente comunicaciones, fue con respecto a ciertos candidatos  que participaban en el proceso de elección de nuevo fiscal general, siendo unos de los intervenidos Néstor Castaneda, Ulices del Dios Guzmán, Rony Huezo, Félix Garrid Safie, Luis Humberto Santos, Luis Manuel Reyes Deras y el actual fiscal general, Raúl Melara.
 
Según la fuente, la intención del entonces fiscal general, era conocer si los candidatos a titular de la FGR estaban hablando con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, cuáles serían sus ofrecimientos y otro tipo de negociaciones que pudieren estar haciendo con las cúpulas partidarias, para tratar de usar esa información a su favor y así obtener la reelección en el cargo, lo cual intentó hasta el último momento.
 
Esta información también fue corroborada por un asesor del sector empresarial, quienes sostuvieron una reunión como gremial para recibir a Douglas Meléndez, quien buscaba afinidades para su reelección. Según manifiesta el asesor, la exposición de su plan de trabajo por parte del exfiscal general fue errático y prepotente, al punto que llegó a ocuparse más en atacar y desprestigiar otros candidatos que presentar razones de fondo para su continuidad en el cargo. Particularmente recuerda que Meléndez, manifestó que habían captado unas llamadas de un fiscal de carrera –también candidato al cargo de fiscal general- donde hacía ofrecimientos a un operador político en caso resultara electo, por lo que según Meléndez, se vio en la necesidad de llamarle la atención y removerlo.

Luego de lo observado con respecto a las intervenciones ilícitas, toma más importancia lo expresado por la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, en el expediente de Auditoría y Fiscalización del Centro de Escuchas, del año 2016, que recién se hizo público, sobre la no destrucción de grabaciones que han cumplido el plazo legal sin judicializarse, las que solamente en el año 2016 representaban más del 41% de los expedientes de intervenciones tramitados y la obstaculización que de la fiscalización ha efectuado el Director del Centro de Escuchas Lic. Froilan Coto; mientras esto ocurre siguen suscitándose violaciones al derecho a la confidencialidad y seguridad jurídica de las personas intervenidas, pues no existe certeza sobre el destino que tendrá la información obtenida.


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