El Departamento de Justicia prioriza procesos de desnaturalización a través de litigios civiles, lo que podría dejar a miles de inmigrantes sin protección legal ni derecho a abogado.
EE.UU.- El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva sobre la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización, al ordenar al Departamento de Justicia (DOJ) priorizar los casos de revocación de ciudadanía en personas que hayan cometido determinados delitos, incluso si estos ocurrieron antes de obtener su estatus legal.
La medida, divulgada en un memorando fechado el 11 de junio, otorga a los fiscales federales una mayor discrecionalidad para iniciar procesos de desnaturalización, lo que despierta preocupación entre expertos en derechos civiles e inmigración por sus implicaciones legales y humanitarias.
Según el memorando firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, el DOJ colocará entre sus cinco prioridades principales de ejecución civil los procedimientos de desnaturalización.
En concreto, las autoridades federales se centrarán en casos en los que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, ocultamiento de información relevante o cuando la persona haya incurrido en conductas criminales graves, incluyendo:
- Delitos sexuales, como abuso infantil o trata de personas
- Violaciones a la seguridad nacional, incluidas actividades relacionadas con terrorismo o espionaje
- Fraudes financieros, como los relacionados con el programa de ayuda por la pandemia (PPP) o fraudes en Medicaid o Medicare
- Crímenes violentos no revelados durante el proceso de naturalización
- Participación en organizaciones criminales transnacionales o grupos armados ilegales
Además, el documento permite a los fiscales referir “cualquier otro caso que consideren suficientemente importante”, ampliando el espectro de aplicación y otorgando una discreción que ha sido criticada por su falta de límites claros.
El caso de Elliott Duke
Un ejemplo concreto de esta política ya se ha materializado. El 13 de junio, una corte federal en Louisiana ordenó revocar la ciudadanía estadounidense de Elliott Duke, una persona no binaria originaria del Reino Unido, quien fue condenada por distribución de material de abuso sexual infantil.
Duke admitió haber cometido el delito antes de obtener la ciudadanía en 2013, un dato que omitió en su solicitud de naturalización, de acuerdo con la NPR.
Para ello, el DOJ utilizó un procedimiento civil, lo que ha generado inquietud entre académicos y defensores de derechos. En este tipo de procesos, las personas no tienen derecho a un abogado de oficio y el umbral probatorio que debe cumplir el gobierno es considerablemente menor que en los procesos penales.
Duke, sin acceso a defensa legal y sin poder viajar a la audiencia, se encuentra hoy efectivamente en situación de apatridia tras haber renunciado a su nacionalidad británica. “Mi mundo se derrumbó cuando leí la orden. Me sentí completamente desprotegide”, declaró Duke en declaraciones a NPR, aún evaluando opciones de apelación.
