La nueva normativa fue uno de los compromisos que El Salvador adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un acuerdo. La Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2016 dejó de aplicarse en 2020, producto de los efectos de la pandemia
EL SALVADOR.- La Asamblea Legislativa aprobó emitir la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece un marco legal para garantizar la estabilidad macroeconómica del país y la sostenibilidad fiscal del Estado a mediano y largo plazo.
Entre sus principales disposiciones, la ley introduce una regla fiscal que fija un nivel de deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) con pensiones de hasta el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) a largo plazo, con metas intermedias del 80% en 2030 y 75% en 2035. La meta se espera alcanzar en 2045 mediante un plan de convergencia anual.
El Ministerio de Hacienda será el ente rector y responsable de coordinar la formulación, ejecución y seguimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que deberá ser publicado cada año y servirá de base para la elaboración del Presupuesto General del Estado. Esta herramienta incluirá proyecciones fiscales a cinco años, análisis de riesgos, evolución de la deuda y evaluación de programas sociales.
Se prohíbe la creación de gastos sin una fuente de financiamiento identificada, y se establece un límite de ejecución del 40% del gasto corriente para gobiernos salientes durante años de transición presidencial. También, los programas sociales deberán contar con financiamiento asegurado y ser evaluados por su eficiencia e impacto en la reducción de la pobreza.
La normativa exige transparencia fiscal, obligando a todas las instituciones del SPNF a reportar mensualmente información financiera al Ministerio de Hacienda, incluyendo la ejecución presupuestaria, endeudamiento y pasivos contingentes. Asimismo, se establece la publicación mensual del saldo de deuda, pagos pendientes y LETES.
En caso de eventos excepcionales como recesiones, desastres o crisis sanitarias, la ley permite suspender temporalmente la regla fiscal, bajo informe técnico aprobado por el Consejo de Ministros, sin exceder tres ejercicios fiscales consecutivos.
La ley deroga la anterior Ley de Responsabilidad Fiscal de 2016 y sus reformas, y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
