La iniciativa tiene como finalidad evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos públicos, preponderando la ejecución de los mecanismos ordinarios de coordinación entre las instituciones del sector de justicia.
SAN SALVADOR. – La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia emitió dictamen favorable a la iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Seguridad Pública y Justicia, en el sentido se apruebe “Ley de Disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de Disolución y Liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE)”, la cual tiene por finalidad evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos públicos, preponderando la ejecución de los mecanismos ordinarios de coordinación entre las instituciones del sector de justicia.
Al respecto el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó a los legisladores que la iniciativa plantea la disolución de ambas instancias al considerar que fueron creadas bajo el contexto de las reformas al Código Penal y Procesal Penal de 1998, un esquema que, según la argumentación presentada, actualmente genera duplicidad de funciones y representa “grasa estatal” sin aportar un valor significativo al funcionamiento del sistema judicial.
Traspaso del Programa de Protección de Víctimas y Testigos
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el futuro del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, actualmente bajo la administración de la UTE. La solicitud plantea que esta herramienta clave en la investigación penal sea absorbida de forma integral por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El objetivo del traspaso es rediseñar, redefinir y actualizar el programa para adecuarlo a la realidad del país y a las exigencias operativas actuales en materia de combate a la criminalidad.
“Por datos, no aportan ningún elemento rescatable. Y a este momento creemos que tanto la UTE como la Comisión Coordinadora del Sector Justicia ya no tienen ningún tipo de sentido porque le estamos dando vida a lo que ordena el Artículo 86, que es esa coordinación interinstitucional, pero que también en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en el Artículo 35, son misionales. Los mismos misionales que tiene la UTE y la Comisión son los misionales del ministro de Justicia. Es un poco de grasa de Estado lo que queremos disolver”, declaró Villatoro.
