La dirigente correísta fue arrestada en Manabí y trasladada a Guayaquil, donde enfrentó una audiencia virtual por supuestas aportaciones irregulares recibidas durante los comicios presidenciales
ECUADOR.- La Fiscalía General del Estado de Ecuador logró que un juez dicte prisión preventiva contra Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, en el marco de las indagaciones por un presunto lavado de activos vinculado a la financiación de su campaña electoral en 2023. La medida judicial se produce a pocas semanas de las elecciones locales programadas para el 29 de noviembre, impactando directamente a una de las figuras clave de la oposición al gobierno de Daniel Noboa.
Detención y audiencia telemática
González, abogada de 48 años, fue arrestada en su domicilio situado en la localidad rural de Canuto, en la provincia costera de Manabí. Posteriormente, fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, desde donde se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos a través de videoconferencia.
Implicados en el caso
Además de la excandidata, el magistrado aceptó la solicitud del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra:
Santiago Díaz, exasambleísta quien actualmente cumple una pena de 29 años y cuatro meses de prisión por violación a una menor y que fue expulsado del correísmo. Su testimonio —en el que aseguró haber trasladado efectivo desde Venezuela para la campaña, aunque sin aportar pruebas— impulsó la indagatoria.
Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil, quien se entregó de forma voluntaria de acuerdo con los reportes de la Fiscalía en su cuenta de X.
Por otro lado, para Estefanía Molina, coordinadora de la oficina de Díaz y tesorera de campaña, se dictaron medidas cautelares sustitutivas consistentes en presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico.
El “Caso Laberinto” y la conexión con Aquiles Alvarez
Las pesquisas, denominadas caso Laberinto, investigan si fondos obtenidos por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez —actualmente preso y condenado por comercialización ilegal de combustibles a través de los negocios de su familia—, sirvieron para financiar la campaña presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC) en 2023. Alvarez había llegado a la alcaldía ese mismo año respaldado por el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Según declaraciones del secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, el ente fiscal rastrea el origen y el destino de medio millón de dólares destinados a publicidad electoral que presuntamente no habrían sido declarados de forma oficial.
