Tras amenazas contra la vida de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electos, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor.
GUATEMALA.- Desde criminalización, persecución política, hasta amenazas contra la vida de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, son parte de las razones por las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del binomio presidencial electo.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de la Comisión, fue la existencia de un plan denominado ‘Colosio’, el cual se habría creado con el fin de asesinar a Arévalo, con la participación de agentes estatales y particulares.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada desde el 24 de julio por Alfredo Franco y Chistian González, quienes presentaron evidencias de riesgo contra Arévalo y Herrera, a quienes fiscales del Ministerio Público (MP) les notificaron de manera formal la situación de peligro que enfrentan.
De acuerdo con el informe, en la petición de medidas cautelares se alegó que «el Movimiento Semilla ha sido objeto de criminalización y persecución política, y cuestionó el actuar de diversas autoridades estatales. Se alegó que tales acciones buscarían evitar que los propuestos beneficiarios asuman sus cargos e impedirles participar en nuevas elecciones, considerando que sus derechos políticos están en riesgo».
También se hace referencia a la suspensión de la personería jurídica del partido, por parte del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, promovido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), quienes alegan el uso de firmas falsas, huellas repetidas y personas fallecidas, que habrían sido incluidas para la inscripción de partido Movimiento Semilla.
El informe refleja los allanamientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los apercibimientos requeridos en contra del Registro de Ciudadanos y del jefe interino del Departamento de Informática del ente electoral, las órdenes de captura promovidas y la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que garantizó la realización de la segunda vuelta electoral con los dos contrincantes electos por la ciudadanía.
Al mismo tiempo, refiere que hasta el 20 de agosto, el partido Semilla y otras organizaciones sociales presentaron, por lo menos, 22 denuncias, amparos y otras acciones legales para intentar detener «la alegada persecución política», pero, tras más de 20 intentos por acceder al expediente de la investigación, siempre se le ha negado a la agrupación señalada.
El plan ‘Colosio’
De acuerdo con el informe de la CIDH, se informó que Arévalo ha sido objeto de vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte, que se incrementaron en la segunda vuelta electoral, que se suman a las «filtraciones ilegales de procesos penales supuestamente reservados, y que presuntamente provienen de personas vinculadas al MP».
Como medios de prueba se citó la «cuenta del netcenter ¡Yes Master!» quien «ha publicado en reiteradas ocasiones fotografías de Arévalo o informa de su paradero, así como el de su familia», en «donde hace comentarios homofóbicos, clasistas, machistas y racistas».
Además de ello, los «netcenter» y directivos de la Fundación contra el Terrorismo han publicado supuestas «amenazas» que señalan a Arévalo fuera de la presidencia, prófugo o en prisión.
«El 15 de agosto el equipo de seguridad de Arévalo recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares… Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia del plan denominado ‘Colosio’, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en 1994», detalla el informe.
El supuesto plan, existía desde el 4 de julio, pero en ese momento no se había podido corroborar la información, pero el 21 de agosto, la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión del MP solicitó una reunión privada con Arévalo para informarle que «obtuvieron información privilegiada, relacionada a estructuras criminales de pandillas, que puede poner en riesgo la vida e integridad física» del Presidente electo.
Esta información también fue puesta a disposición de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que, a criterio de los solicitantes de las medidas cautelares, el Gobierno «se habría limitado a indicar que no había recibido las denuncias» y «no desactivó los riesgo mediante una investigación adecuada que determine los responsables del plan».
No obstante, se reconoció que el Estado ofreció un esquema de 20 agentes distribuidos en turnos, por lo que Arévalo transita en un vehículo blindado nivel 3 prestado, pues el partido no cuenta con los fondos para alquilarlo, por lo que requieren un carro con blindaje nivel 7 para él y para la vicepresidenta electa.
