El titular de la institución, Ricardo Salazar, confirmó el monitoreo constante en puntos clave como Mercado Central, La Tiendona y la calle Gerardo Barrios. Más de 160 casos han sido sancionados por alzas injustificadas y obstaculización.
SAN SALVADOR.- La Defensoría del Consumidor ha intensificado sus operativos a escala nacional para defender el bolsillo de las familias salvadoreñas, alcanzando a la fecha más de 15,000 verificaciones en las distintas cadenas de abastecimiento de la canasta básica, según confirmó el presidente de la institución, Ricardo Salazar.
El plan integral implementado durante el año abarca un monitoreo permanente del flujo de importaciones de productos esenciales como frutas, verduras y lácteos. Las inspecciones priorizan puntos clave de distribución masiva, entre ellos el Mercado Central, La Tiendona y la calle Gerardo Barrios.
En contraste con el rubro de importaciones, Salazar destacó la capacidad del mercado nacional en productos como el huevo y el pollo, donde El Salvador mantiene autosuficiencia gracias a una sólida producción local. En estos sectores, la Defensoría mantiene mapeados tanto los centros de producción en granja como las redes de comercialización final.
Como resultado del despliegue en toda la cadena de suministro, la institución ha llevado ante el Tribunal Sancionador más de 160 casos. Las infracciones corresponden principalmente al aumento injustificado de precios —sin sustento técnico o económico— y a la obstaculización del trabajo de inspección.
Las multas impuestas en estos procesos ya superan los $950,000.
“La auditoría es importante para nosotros, porque nos permite establecer la estructura de costos que tiene ese comercializador para justificar el incremento de precios. Hemos llevado al Tribunal 160 casos, por dos motivos: 1, el incremento injustificado de precios y 2, la obstaculización”, declaró.
El funcionario reiteró que las labores de supervisión continuarán activas en todo el territorio nacional e hizo un llamado al sector comercial a cumplir con la ley y evitar prácticas especulativas que afecten a la población.
