Las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ protagonizan motines frecuentes en las cárceles de Guatemala tras el traslado de sus líderes a la prisión de máxima seguridad, el pasado 31 de julio.
EL SALVADOR.- Las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantienen una constante pugna con el Gobierno de Guatemala desde que, el pasado 31 de julio, sus líderes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla. Este traslado busca aislar a los cabecillas, pero ha desatado motines recurrentes en varios centros penitenciarios.
Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Movimiento ProJusticia y de Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), señaló a EFE que los recientes disturbios reflejan un “mal manejo del Sistema Penitenciario” y la aparente falta de “inteligencia civil o estratégica” para anticipar la reacción de las pandillas. “Los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes”, alertó.
Aunque en administraciones anteriores no se combatió de manera efectiva los crímenes planificados desde las cárceles, Ibarra reconoce que el actual Gobierno de Bernardo Arévalo de León sí ha intentado frenar estas actividades, que incluyen extorsiones a comerciantes y empresas.
El traslado de los líderes se produjo tras el asesinato de siete personas en una funeraria de la capital el 29 de julio, presuntamente a manos de miembros de la ‘Mara Salvatrucha’ durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’. Desde entonces, las revueltas en los penales se han vuelto frecuentes, motivadas por la pérdida de privilegios como visitas libres y acceso a televisores, así como la interrupción de la planificación de crímenes desde las cárceles.
El presidente Arévalo de León y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reafirmaron que no habrá marcha atrás en la decisión de mantener a los líderes en aislamiento. Sin embargo, expertos advierten que la medida podría no ser suficiente para desmantelar las estructuras criminales.
Durante 2024, según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, se registraron alrededor de 25.000 denuncias por extorsiones en el país, la mayoría promovidas desde las prisiones y con un impacto económico valorado en miles de millones de quetzales.
Con información de EFE
