La medida fue aprobada con enmiendas que garantizan actividades religiosas y ferias patronales, eliminan restricciones constitucionales específicas y autorizan apoyo económico extraordinario para víctimas de la violencia.
GUATEMALA.- Con 149 votos a favor, el Congreso de la República ratificó el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, tras la declaratoria emitida el domingo por el Gobierno de Guatemala en respuesta a una escalada de violencia vinculada a pandillas y organizaciones criminales.
Durante la sesión plenaria, los diputados aprobaron la medida con varias enmiendas, entre ellas la prohibición temporal de visitas en centros de detención, la garantía de celebraciones religiosas y ferias patronales, así como la eliminación de la limitación al artículo 38, inciso 2, de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG).
En el debate legislativo también se presentó una propuesta para reducir la vigencia del Estado de Sitio a 15 días; sin embargo, 131 parlamentarios votaron en contra, ratificando su duración original de 30 días.
El Ejecutivo argumentó que la medida busca recuperar el control institucional, restablecer el orden público y garantizar la justicia nacional ante los recientes hechos violentos registrados en distintas regiones del país.
Durante la discusión parlamentaria, un diputado señaló: “En Centroamérica merecemos paz. Tenemos un ejemplo como El Salvador, que no es un milagro, sino el resultado de políticas públicas exitosas que se aplicaron”.
¿Qué implica el Estado de Sitio?
Durante la vigencia del Estado de Sitio, la autoridad militar adquiere facultades extraordinarias, entre ellas la detención o confinamiento de personas consideradas sospechosas de atentar contra el orden público, sin requerir orden judicial previa. Asimismo, puede intervenir o disolver organizaciones, entidades o asociaciones, cuenten o no con personalidad jurídica, sin necesidad de procedimiento previo.
Las disposiciones propias de los estados de Prevención y Alarma continúan vigentes, y todas las instituciones del Estado están obligadas a cooperar con las fuerzas armadas cuando así se les requiera, dentro del marco de sus funciones.
El presidente de la República asume el mando como Comandante General del Ejército a través del Ministerio de la Defensa Nacional, facultando a la autoridad militar a repeler o reprimir acciones individuales o colectivas que amenacen la estabilidad nacional.
Apoyo económico a víctimas
Además, el pleno legislativo aprobó el Acuerdo 3-2026, que autoriza una asignación presupuestaria extraordinaria para apoyar a las víctimas de los recientes hechos violentos. El acuerdo contempla Q300 mil para los familiares de cada agente de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinado y Q100 mil para los agentes que resultaron heridos.
Los fondos serán entregados durante la vigencia del Estado de Sitio y su distribución estará a cargo de la Junta Directiva del Congreso, con base en la información oficial proporcionada por las autoridades competentes.
