A partir de la entrega del fallo escrito, la defensa tiene el derecho de apelar la sentencia, sin embargo, es inapelable, según el abogado acusador, Gustavo Huezo.
EL SALVADOR.- El jueves, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, dejó en firme la sentencia de 60 años de prisión contra los exmilitares José Guillermo García, Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982, durante el conflicto armado en El Salvador. El veredicto fue emitido el pasado 3 de junio.
El 3 de junio, el Juzgado había condenado a los exmilitares a 15 años de prisión a cada uno, pero este jueves, al entregar la sentencia por escrito, el tribunal aclaró que por ser cuatro los asesinados, la sentencia suma 60 años. La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la sentencia escrita.
La sentencia precisa que los condenados “solo cumplirán 30 años” de cárcel, la pena máxima establecida por la normativa penal de la época, explicó a la prensa el abogado de las víctimas, Gustavo Huezo.
De acuerdo con la investigación, los periodistas fueron emboscados por los militares miembros del Batallón Atonal en la jurisdicción de Dulce Nombre de María, quienes en ese momento estaban en adiestramiento por asesores extranjeros en la Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en El Paraíso, Chalatenango Centro.
Las víctimas realizaban un reportaje sobre la vida en San Salvador y en un campamento guerrillero, cuando fueron atacadas por elementos militares.
Durante la lectura de la sentencia, la jueza también ordenó que en un plazo de 30 días se realice un acto público para pedir perdón por el crimen contra los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Johannes Jan Wilemsen. Lo anterior, “por el retardo de justicia” y porque “los autores principales” pertenecían al alto mando del ejército.
El pedido de perdón deberá hacerlo el presidente Nayib Bukele, como comandante general de la Fuerza Armada.
Asimismo, los tres militares retirados fueron condenados “al pago de la responsabilidad civil” a favor de familiares de las víctimas.
El caso permaneció en la impunidad hasta que fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2016 una Ley de Amnistía de 1993, que perdonó los crímenes de la guerra civil.
