En ese sentido enfatizó que las pandillas “cometieron asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones; reclutaron forzosamente a estudiantes y a niños, niñas y adolescentes en las comunidades, a quienes amenazaron e incluso privaron de la vida por negarse a formar parte de ellas”.
EL SALVADOR.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una Audiencia Pública, con relación a los casos de presuntas desapariciones forzadas, reportadas en el contexto del régimen de excepción.
El Comisionado de los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, negó la versión de las organizaciones y enfatizó que los datos no son creíbles, puesto que no provienen de fuentes oficiales. Además, expuso sobre la transformación en materia de seguridad, por medio del Plan Control Territorial. Además, destacó que los familiares tiene acceso a la información de las personas detenidas en el Régimen de Excepción contra las pandillas.
En ese sentido enfatizó que las pandillas “cometieron asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones; reclutaron forzosamente a estudiantes y a niños, niñas y adolescentes en las comunidades, a quienes amenazaron e incluso privaron de la vida por negarse a formar parte de ellas”.
Las pandillas “extorsionaron a empresas y a pequeños negocios, llevando a la quiebra a muchos y causando más pobreza en la sociedad; las extorsiones al transporte público terminaron en asesinatos de motoristas y cobradores de las unidades del transporte”, añadió el comisionado.
“El Salvador vivió en inseguridad total, una realidad que fue retratada por medios de prensa nacionales e internacionales, en artículos y notas de televisión que pueden ser encontradas en internet, no olvidemos nunca que cada tatuaje es el símbolo de un muerto o un desaparecido”, recordó el funcionario.
En 2015, El Salvador era calificado como el país más violento del mundo, con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. “El accionar violento de maras y pandillas superó el número de personas asesinadas de la guerra. Son más de 100 mil asesinados, entre trabajadores, estudiantes, profesionales, religiosos, policías y militares”, dijo Guzmán.
El comisionado recordó de dónde viene el país en materia de seguridad. “De todos es conocido que ´la tregua´ entre los grupos criminales, instalada como política pública en 2012, y que contó con el acompañamiento de la OEA, solo sirvió para que no se hicieran daño entre ellos, pero el pueblo siguió sometido al terror de su accionar”.
Las mujeres, las adolescentes y las niñas fueron uno de los principales blancos de estos grupos criminales, la tasa de violaciones y homicidios era muy alta. No existió ni un pronunciamiento serio por parte de las organizaciones internacionales y nacionales que se adjudican ser defensoras de los derechos humanos, recalcó Guzmán.
Asimismo, explicó que, desde junio de 2019, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, se implementó el Plan Control Territorial para recuperar la seguridad del país, “algo a lo que nadie se había atrevido, la nación entera estaba resignada al dominio de los grupos criminales”.
En ese sentido destacó: “El Plan Control Territorial, magistralmente elaborado para ser aplicado en siete fases, dio los resultados que ahora posicionan a El Salvador como el país más seguro de América y que hacen que sea reconocido a escala mundial por este aspecto positivo”.
“Todos los delitos cometidos por los grupos criminales fueron reducidos drásticamente. Más de 72,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados y están siendo procesados por distintos delitos”, explicó
Además, se refirió a las organizaciones que cuestionan las medidas de seguridad del presidente Bukele: “Hay que conocer y entender que las ONG buscan atacar los planes de seguridad del Gobierno, porque son efectivos. Aprovechan que el país está en periodo electoral. Varias personas que lideran estas ONG provienen de partidos que en sus gobiernos permitieron el crecimiento y ayudaron al fortalecimiento de las maras y pandillas”.
“Todas las personas, hoy en día, tiene acceso a la información de las personas que están privadas de libertad, pueden acceder ahora mismo a la página de la Procuraduría General de la República (PGR) que tiene un call center que es digno de mostrar porque no he visto algo similar en el mundo. Las personas pueden preguntar por WhatsApp donde está su familiar, les dicen el estado actual de su proceso judicial”, dijo.
Por su parte el procurador, René Escobar, afirmó que la institución ha constatado que durante el régimen de excepción los procedimientos efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) “han sido apegados a los protocolos garantes de los derechos de las personas capturadas”.
“Como procurador tengo, además, el mandato constitucional de proveer de un defensor público penal a aquellas personas que están siendo procesadas por la comisión de un delito y que no tienen la capacidad económica para contratar un abogado particular”, explicó
En funcionario agregó: “En el régimen de excepción, asistimos a casi el 80 % de las personas que han sido capturadas hasta la fecha, a quienes en su mayoría se les está procesando por formar parte de las organizaciones terroristas, o colaborar en sus crímenes”.
Aseveró que, de los más de 7,000 liberados a la fecha por órdenes de algún tribunal, más de 3,000 han obtenido su libertad como parte de la solicitud de audiencia especial de revisión de medidas, requeridas por la PGR.
Además dijo que, del 27 de marzo de 2022 hasta el 2 de noviembre de 2023, el área de atención virtual de la PGR atendió más de 46,000 casos de la Unidad de Defensoría Pública Penal.
