De aprobarse en Sesión Plenaria, implica la disolución del CONAIPD y el CONAIPAM, cuyos programas y registros serán absorbidos por el instituto.
EL SALVADOR.- La Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia emitió un dictamen favorable para reformar la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos y Excombatientes, con el propósito de ampliar las competencias del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).
Las modificaciones permitirán que el INABVE se convierta en el único ente rector encargado de administrar no solo el régimen de beneficios para veteranos y excombatientes del conflicto armado, sino también el de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Según la asesora jurídica del Despacho de la Primera Dama, Francesca Rivas —quien compareció ante la comisión— la reforma dotará al instituto de nuevas herramientas para “garantizar los derechos de la población que se está incluyendo”, al integrar los beneficios contemplados en la normativa actual.
Rivas explicó que, aunque el INABVE ya cumple con la atención al sector de veteranos de guerra, el objetivo es extender beneficios como pensiones e indemnizaciones, atención médica preferencial, programas de inserción productiva, apoyo económico para servicios funerarios, así como mejoras o construcción de vivienda, entre otros.
En materia de salud, las reformas contemplan que el instituto podrá adquirir bienes inmuebles para establecer centros médicos y hospitales destinados a la atención de adultos mayores y personas con discapacidad.
El proceso de transición implicará la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) y del Consejo Nacional Integral para la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM). Sus funciones, programas y registros serán absorbidos por el INABVE, que ahora también administrará los regímenes creados por la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor.
Las reformas además actualizan diferentes artículos de la ley para incorporar nuevos criterios de protección, reestructurar los mecanismos de pensiones, ampliar los programas de salud, regular centros de atención, fortalecer los comités de vigilancia y apelación, y redefinir la integración de la Junta Directiva del instituto.
El dictamen será remitido al pleno legislativo para su análisis y eventual aprobación.
