Esto busca incentivar la inversión privada en proyectos estratégicos de energía, para ampliar el acceso eléctrico en comunidades rurales y atraer inversión en exploración de hidrocarburos.
EL SALVADOR.- La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió este jueves dos dictámenes favorables que buscan incentivar la inversión privada en proyectos estratégicos de energía en el país.
El primero de ellos contiene disposiciones especiales y transitorias de apoyo al Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador, el cual pretende llevar electricidad a 8,756 hogares, escuelas y proyectos productivos en zonas rurales sin servicios básicos.
El programa, ejecutado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluye el diseño, construcción de redes de distribución y generación eléctrica, así como la adquisición de equipos. Según el titular de la autónoma, Daniel Álvarez, la meta es que en un plazo de cuatro años se logre cubrir el 100 % de la demanda eléctrica en el país, con tecnologías alternativas como la energía solar en las comunidades más aisladas.
Para fomentar la participación del sector privado, las disposiciones —vigentes por seis años— contemplan exenciones tributarias para contratistas y subcontratistas de CEL vinculados al programa, entre ellas la exoneración de IVA, aranceles de importación, tasas del CNR e Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta que se entreguen las obras. También se libera del pago de ISR por ganancia de capital a los propietarios que vendan terrenos a CEL para estos proyectos.
El segundo dictamen emitido por la comisión se refiere a las Disposiciones especiales de carácter tributario para contratos multicliente y licencias de datos entre CEL y empresas privadas. Estos contratos permiten que compañías, asumiendo su propio costo y riesgo, realicen estudios geocientíficos y geofísicos en busca de hidrocarburos.
De acuerdo con Álvarez, la normativa “fortalece la capacidad del país para atraer actores internacionales, obtener información geocientífica de alta calidad y modernizar el sector energético sin comprometer recursos propios”.
El marco legal contempla exenciones fiscales a los contratos multicliente y de licencia de datos, incluyendo ISR, IVA, impuestos municipales, aranceles y contribuciones especiales, aunque aclara que estas solo aplicarán a los titulares de contratos y adquirentes de datos, no a subcontratistas ni a CEL.
Cuestionamientos
Durante la discusión del proyecto Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó la justificación de otorgar beneficios fiscales a estas actividades.
Ortiz preguntó si ya existen estudios técnicos o geológicos que determinen el potencial de hidrocarburos en el país. Daniel Álvarez respondió que existen indicios y estudios preliminares, pero que no hay certeza, por lo que los contratos multicliente permitirán a las empresas investigar y validar la existencia de recursos a riesgo propio.
La diputada recordó que informes históricos, incluido un reporte desclasificado de la CIA de 1985, concluyen que el potencial de explotación de petróleo y gas en El Salvador es limitado y poco rentable comercialmente. Preguntó cómo se justifican las exenciones fiscales a empresas privadas si el potencial de recursos es reducido.
Al respecto, Álvarez explicó que el Estado no invertirá fondos en estas exploraciones y que las empresas asumirán todos los riesgos. Además, aclaró que la información que generen será propiedad del Estado, y destacó que la tecnología actual podría permitir resultados distintos a los de estudios realizados hace más de 40 años.
Sobre las empresas interesadas, el funcionario mencionó a GeoX, especializada en exploración para grandes petroleras como Exxon, Shell y Total, y aseguró que este tipo de contratos permitirá generar datos oficiales sobre el potencial energético del país.
Álvarez defendió que la normativa crea un marco legal que atrae inversión internacional y moderniza el sector energético sin comprometer recursos públicos, mientras Ortiz planteó dudas sobre si los beneficios terminan favoreciendo más a las empresas que al Estado.
Ambos dictámenes fueron aprobados sin el voto de Ortiz y pasarán al pleno legislativo para su discusión y eventual aprobación.
