CIDH otorgó medidas cautelares a presidente y vicepresidenta electos de Guatemala por amenazas de muerte

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La CIDH, que ha considerado que ambos «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala».

GUATEMALA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este jueves medidas cautelares a favor del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su ‘número dos’, Karin Herrera, tras denunciar la existencia de dos planes para atentar contra sus vidas.

«El binomio presidencial del Movimiento Semilla (…) serían objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas que incluyen la existencia de dos planes para atentar contra sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales», señala la CIDH en un comunicado del órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH, que ha considerado que ambos «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala», y solicita al Estado guatemalteco que adopte «las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal», concierte dichas medidas e «informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados» y evitar su repetición.
Además, señaló que las autoridades del país han proporcionado un «amplio esquema de protección», que ha sido reforzado, pero que estas no han informado sobre acciones adoptadas después de que se notificaran los planes para atentar contra la vida de Arévalo y Herrera.

El Movimiento Semilla ha estado en los últimos meses en el punto de mira del Ministerio Público del país, que ha tratado de suspender la personalidad jurídica de la formación política, que obtuvo cerca del 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones.

Lo que más llamó la atención de la Comisión, fue la existencia de un plan denominado ‘Colosio’, el cual se habría creado con el fin de asesinar a Arévalo, con la participación de agentes estatales y particulares.

La solicitud de medidas cautelares fue presentada desde el 24 de julio por Alfredo Franco y Chistian González, quienes presentaron evidencias de riesgo contra  Arévalo y Herrera, a quienes fiscales del Ministerio Público (MP) les notificaron de manera formal la situación de peligro que enfrentan.

De acuerdo con el informe, en la petición de medidas cautelares se alegó que «el Movimiento Semilla ha sido objeto de criminalización y persecución política, y cuestionó el actuar de diversas autoridades estatales. Se alegó que tales acciones buscarían evitar que los propuestos beneficiarios asuman sus cargos e impedirles participar en nuevas elecciones, considerando que sus derechos políticos están en riesgo».

También se hace referencia a la suspensión de la personería jurídica del partido, por parte del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, promovido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), quienes alegan el uso de firmas falsas, huellas repetidas y personas fallecidas, que habrían sido incluidas para la inscripción de partido Movimiento Semilla.

El informe refleja los allanamientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los apercibimientos requeridos en contra del Registro de Ciudadanos y del jefe interino del Departamento de Informática del ente electoral, las órdenes de captura promovidas y la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que garantizó la realización de la segunda vuelta electoral con los dos contrincantes electos por la ciudadanía.

Al mismo tiempo, refiere que hasta el 20 de agosto, el partido Semilla y otras organizaciones sociales presentaron, por lo menos, 22 denuncias, amparos y otras acciones legales para intentar detener «la alegada persecución política», pero, tras más de 20 intentos por acceder al expediente de la investigación, siempre se le ha negado a la agrupación señalada.