Más de 200 personas buscaban regularizar su servicio de agua potable a través de estos medios irregulares.
EL SALVADOR.- Este viernes, las autoridades salvadoreñas informaron sobre las órdenes de captura contra 12 individuos que integraban una supuesta “estructura criminal” dedicada a estafar mediante conexiones ilegales al sistema de agua potable.
Los imputados, quienes son empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), “se aprovechaban” de sus cargos para “engañar” a la población.
El informe revela que, presuntamente, con la complicidad de un contratista, los empleados de la institución ofrecían conexiones y legalizaciones del servicio a cambio de pagos que oscilaban entre los $1,000 y $3,000, “todo de forma fraudulenta”.
De acuerdo con la FGR, esta presunta estructura operaba principalmente en el occidente y oriente del país. Las autoridades indicaron que más de 200 personas (víctimas) buscaban regularizar su servicio de agua potable a través de estos medios irregulares.
Asimismo, estas acciones ilegales, según la FGR, perjudicaban la distribución del agua potable a usuarios que sí seguían los procesos establecidos.
Entre los capturados se encuentran José Elmer Umaña Ibarra, Marlon Ernesto Guzmán Mendoza, Carlos José Medina Vargas, Óscar Armando Linares Rivas, Ever Iván Orellana García, Rosa Idalia Pérez de Barahona, Carlos Mauricio Nolasco Menjívar, Jenny Elizabeth Pubil Chamul, Eldin Joel Portillo Aguilar, Mario Ernesto Cristales Hernández, Abel Ángel Rodríguez Chávez y Yanira Yaneth García de Rodríguez.
La autoridad indicó que desde marzo de 2024, se investigaba a esta red que ofertaba de forma ilegal: conexión de nuevos servicios, instalación de medidores y legalización de instalaciones antiguas.
“Sus acciones no solo representaban un lucro personal a costa de las víctimas, sino que también ponían en riesgo la sostenibilidad del sistema de distribución de agua potable”, afirmó la FGR.
Los sujetos serán procesado por los delitos de estafa agravada, fraude de servicios de energía o fluidos, cohecho propio, cohecho activo y agrupaciones ilícitas
Finalmente, las autoridades subrayaron que no se tolerará que empleados públicos “corruptos, jueguen con las necesidades básicas de la población”.
