Las declaraciones surgen luego de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), presentó esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, un informe que señala presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nayib Bukele.
EL SALVADOR-. El presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que organizaciones defensoras de derechos humanos están exigiendo la liberación del 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador.
“Me alegra que se hayan quitado la máscara, porque antes siempre intentaban matizar sus denuncias. Ahora lo han dicho con claridad:
Quieren la liberación del 100% de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes del régimen de excepción; es decir, al país más peligroso del mundo”, declara Bukele en su cuenta de X, la noche de este sábado.
Según el mandatario, estas organizaciones sostienen que más de 89,000 personas han sido capturadas arbitrariamente, que sus derechos humanos han sido violados y que se habrían cometido crímenes de lesa humanidad. Bajo ese planteamiento, señaló que dichas organizaciones consideran que la liberación de todos los detenidos sería una obligación del Estado.
Bukele también indicó que, en la exposición de uno de los expertos citados por estas organizaciones, se plantea que la denuncia no se refiere únicamente a supuestos opositores políticos o a personas inocentes, sino que también incluye a miembros de pandillas o personas percibidas como tales.
El mandatario señaló que, bajo ese argumento, todas las detenciones realizadas durante el Régimen de Excepción serían consideradas capturas arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
Además, mencionó que estas posturas han sido retomadas por medios nacionales e internacionales como The Guardian, France 24, El País y medios vinculados a Open Society Foundations, así como por periodistas, activistas y políticos.
El presidente sostuvo que, con estas posiciones, las organizaciones buscan que el país regrese a la situación que tenía antes de la implementación del eégimen de excepción. También afirmó que estas organizaciones han pasado a priorizar la defensa de personas vinculadas a estructuras criminales.
“Las organizaciones de derechos humanos se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes. Si realmente velaran por los derechos humanos, su prioridad serían las víctimas, no los victimarios”, concluyó.
