Señaló como autor intelectual de la masacre al presidente de la República de ese periodo, coronel Arturo Armando Molina, quien “murió tranquilamente en Estados Unidos” sin enfrentar juicio.
EL SALVADOR.- Benjamín Cuéllar, miembro fundador de la organización Víctimas Demandantes (VIDAS), recordó este martes en el programa Las Cosas Como Son Radio los 50 años transcurridos desde la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, perpetrada por agentes de Seguridad del Estado salvadoreño en San Salvador.
Ese día, cerca de un centenar de estudiantes de secundaria y universitarios fueron interceptados y atacados mientras se manifestaban contra la ocupación militar del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES), ordenada por el entonces ministro de Defensa, general Carlos Humberto Romero.
Cuéllar señaló como autor intelectual de la masacre al presidente de la República de ese periodo, coronel Arturo Armando Molina, quien “murió tranquilamente en Estados Unidos” sin haber enfrentado juicio alguno. “Cincuenta años de impunidad. Ahí no hay juicio ni castigo para nadie”, denunció.
El defensor de derechos humanos contextualizó que la represión contra los estudiantes marcó el inicio de una escalada de movilización social y organización popular: “El primero de agosto se toma por primera vez la catedral, y se anuncia la creación del Bloque Popular Revolucionario. El 15 de agosto, día del nacimiento de Monseñor Romero, nace el Socorro Jurídico Cristiano, el primer organismo de derechos humanos en Occidente”.
Cuéllar también recordó que, mientras ocurría esa represión, el país acogía por primera vez el certamen de Miss Universo, promovido por el mismo gobierno que ordenó las acciones militares.
Respecto al contexto político posterior, mencionó que Carlos Humberto Romero asumió la presidencia tras un fraude electoral y fue derrocado el 15 de octubre de 1979 mediante un golpe de Estado. Ese día se conformó la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por militares como el general Jaime Abdul Gutiérrez y el coronel Adolfo Arnoldo Majano, así como civiles como Román Mayorga (rector de la UCA), el médico Ábalos Navarrete y el empresario Mario Andino.
Crítica al rol del Estado y derechos humanos
Cuéllar también abordó el papel del Estado salvadoreño en la protección de los derechos humanos. “El Estado está para garantizar el respeto de los derechos humanos, pero las instituciones eran las que violaban esos derechos, y el sistema de justicia se encargaba de encubrirlo”, afirmó.
Finalmente, criticó que los paquetes de insumos enviados a personas privadas de libertad estén siendo costeados por sus familiares, cuando “es responsabilidad del Estado, no de la familia”, ya que el sistema penitenciario debe garantizar alimentación y vestuario a la población reclusa.
