Asamblea Legislativa aprueba ley para crear la Dirección Nacional de Mercados


“Intentemos un cambio con toda la intención de que esto sea positivo”, dijo Ernesto Castro luego de la criticas de la oposición contra la creación de la Dirección de Mercados.

EL SALVADOR.- Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la nueva ley que crea la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos, una entidad encargada de administrar los mercados construidos o remodelados por el Estado, así como los locales comerciales en plazas, parques y otros espacios públicos.

La normativa establece el marco legal, estructura y funciones de esta Dirección, que será una institución “descentralizada con autonomía administrativa, técnica y presupuestaria”. Su misión incluye organizar, regular, modernizar, supervisar y adjudicar los espacios comerciales bajo su administración. También, tendrá la facultad de emitir reglamentos, fijar tarifas de arrendamiento, controlar el uso de puestos y locales, y aplicar sanciones por infracciones.

Asimismo, la normativa establece que la Dirección de Mercados deberá garantizar servicios básicos en los espacios adjudicados, tales como agua, electricidad, sanitarios y vigilancia. Contará con patrimonio propio, conformado por aportes estatales, ingresos por arrendamientos, cooperación internacional y donaciones, y su presupuesto estará sujeto a fiscalización por parte de la Corte de Cuentas.

La institución estará dirigida por un director ejecutivo nombrado por el presidente de la República, con un período de cinco años prorrogables, quien tendrá atribuciones administrativas, financieras y legales. Quedan excluidos de esta ley los mercados controlados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como agromercados y centrales de abasto.

Régimen sancionatorio
La ley establece un régimen sancionatorio para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los adjudicatarios y sus empleados. El director ejecutivo podrá, de oficio, por aviso o denuncia, realizar actuaciones preliminares para investigar, controlar y vigilar el cumplimiento normativo, designando a los inspectores o delegados que estime pertinentes. Estos, previa identificación, tendrán acceso a los puestos o locales para verificar las operaciones, productos y el establecimiento, levantando un acta que se entregará al adjudicatario.

En caso de detectar un riesgo inminente que ponga en peligro la salud o la vida, el director ejecutivo podrá adoptar medidas cautelares, como la suspensión de la producción o comercialización de bienes y el decomiso de productos, este último solo en casos de adulteración, deterioro o descomposición evidente. Asimismo, deberá promover el procedimiento administrativo sancionador dentro de los tres días hábiles siguientes e informar a las autoridades competentes.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves:
Leves: incluyen incumplimientos como desorden en la ubicación o distribución del puesto, falta de limpieza, o no atender indicaciones de los inspectores.

Graves: incluyen impedir inspecciones, almacenar productos en condiciones antihigiénicas, obstruir vías de circulación, vender artículos en mal estado, encender velas o realizar conductas que alteren el orden.

Muy graves: contemplan el almacenamiento o venta de sustancias ilícitas, material inflamable, realización de desórdenes públicos o agresiones.

Las sanciones van desde multas de $5.00 a $50.00 según la gravedad, hasta la revocación de la adjudicación y la denuncia ante la Fiscalía General de la República en casos muy graves. El incumplimiento en el pago de multas puede causar la terminación del contrato de arrendamiento y la exclusión para futuras adjudicaciones.

El procedimiento para imponer sanciones seguirá la Ley de Procedimientos Administrativos y todas las entidades públicas o privadas están obligadas a colaborar prioritariamente con la Dirección para garantizar la efectiva ejecución de sus funciones.

Disposiciones finales
Esta ley tiene carácter especial y prevalecerá sobre cualquier otra disposición en contrario, incluyendo la Ley de Mercados de la Ciudad de San Salvador, por lo que cualquier derogación o modificación deberá hacerse expresamente. La norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

“Quieren controlar ingresos municipales”: oposición acusa intención oculta en ley de mercados

Los diputados de oposición, Francisco Lira de ARENA y Claudia Ortiz, se mostraron en contra de la creación de la Dirección de Mercados.

La normativa está “centralizando” un modelo que no realiza un “progreso real” al desarrollo económico local, dijo el político de ARENA. “Le están quitando la oportunidad al pueblo salvadoreño de acercarle los servicios públicos. Se atenta gravemente la autonomía municipal”, declaró Lira, subrayando que la normativa no tuvo una discusión con la gente de los mercados y tuvo un “análisis rápido”. “No hubo una discusión, solo dieron la aprobación porque recibieron una indicación”, aseveró.

Ortiz criticó que la normativa le da el poder al director ejecutivo de adjudicar los puestos, de quitarlos y de establecer las tarifas. “Un director para todo el país, un empleado público que está lejano a los territorios y que no le rinde cuentas más que al presidente. ¿Quién va a garantizar que no exista preferencia para la adjudicación de los puestos?”, cuestionó la política.

El diputado presidente, Ernesto Castro, respondió: “es ridículo estar defendiendo un sistema que no funcionó o pregunto al pueblo salvadoreño y comerciantes: ¿de verdad el sistema de mercados ha funcionado? ¿Ha existido orden, limpieza, justicia, claridad sobre los pagos diarios? ¿Ustedes están contentos con eso (mercados actuales)?”.

Castro concluyó su intervención: “intentemos un cambio con toda la intención de que esto sea positivo”.

“Quieren maquillar con un ropaje de orden, de limpieza, de progreso, de justicia una oscura intención de adueñarse y controlar los ingresos que tienen las alcaldías mediante la administración de mercados municipales”, replicó la diputada Ortiz. “Tenemos seis años de experiencia de ver cómo lo que tocan lo arruinan y no cumplen la promesa de mejorarlo y hacerlo más accesible a la gente”, sentenció la congresista de Vamos.