Las funciones de protección de víctimas y testigos pasarán al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
EL SALVADOR.- La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la Ley de Disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de Disolución y Liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del Sector de Justicia.
La normativa establece la disolución de ambas entidades, creadas mediante el Decreto Legislativo No. 639 de 1996, y ordena iniciar el proceso de liquidación de la UTE, el cual deberá finalizar el 31 de diciembre de 2026.
De acuerdo con la exposición de motivos, la decisión responde a criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad del gasto público y celeridad administrativa, debido a que las funciones que desempeñaban estas instituciones ya son ejercidas por las entidades que integran el sector justicia, dentro de sus respectivas competencias.
La ley contempla la creación de un Comité de Liquidación, integrado por la Dirección General de la UTE y el equipo institucional que esta designe. El comité tendrá a su cargo el cierre institucional, inventario, archivo, liquidación patrimonial y transferencia de bienes, contratos, recursos financieros y obligaciones pendientes.
Asimismo, los bienes de la UTE que resulten de utilidad serán transferidos por ministerio de ley al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
Indemnización para el personal
La normativa también establece un régimen de indemnización para los empleados de la UTE. El personal recibirá un salario mensual por cada año de servicio activo, o por una fracción superior a seis meses, tomando como base el último salario nominal.
Para quienes devenguen entre $408.80 y $900, la indemnización tendrá un límite de 24 salarios. Para quienes perciban desde $901 en adelante, el límite será de 12 salarios.
El pago de las indemnizaciones deberá realizarse durante los primeros tres meses del ejercicio fiscal de 2027, y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia deberá incorporar los recursos necesarios en su presupuesto.
Protección de víctimas y testigos
Uno de los principales cambios será el traslado de las funciones relacionadas con la protección de víctimas, testigos y otros intervinientes al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
La institución asumirá las competencias que anteriormente correspondían a la Comisión Coordinadora y a la UTE en materia de dirección, administración, otorgamiento, seguimiento, modificación, supresión y ejecución de medidas de protección y atención.
Además, el Ministerio determinará qué personal de la UTE será trasladado para garantizar la continuidad del programa. Los trabajadores que no sean requeridos serán indemnizados conforme al régimen establecido en la nueva ley.
La normativa también dispone que los casos de protección que se encuentren en ejecución serán trasladados al Ministerio durante el periodo establecido para la liquidación.
Finalmente, la ley deroga el Decreto Legislativo No. 639 de 1996, junto con su reglamento y cualquier disposición que se oponga al nuevo decreto.
