Sus efectos dudarán hasta el 30 de junio de 2026.
EL SALVADOR.- La Asamblea Legislativa aprobó la “Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo”, con el objetivo de garantizar la vigilancia del Estado sobre esta actividad, regulando y sancionando abusos en la distribución y comercialización de estos productos.
La normativa busca asegurar el cumplimiento de las medidas económicas establecidas para favorecer a la población, permitiendo al Estado aplicar una supervisión y control especiales sobre el sector.
Según el artículo 2 de la normativa, todas las personas que participen en actividades reguladas por el artículo 5 de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo deberán cumplir con obligaciones específicas relacionadas con la cantidad, calidad y precio de los productos derivados del petróleo. Entre estas obligaciones se incluyen:
Cumplir con la legislación nacional, reglamentos técnicos centroamericanos y salvadoreños, garantizando las especificaciones de calidad, cantidad y seguridad.
- Facilitar inspecciones por parte de los Delegados de la Dirección en un plazo no mayor a 15 minutos.
- Atender instrucciones para interrumpir la salida de vehículos de distribución durante las inspecciones.
- Envasar el contenido exacto de gas licuado de petróleo (GLP) en los cilindros portátiles, dentro de las tolerancias permitidas.
- Respetar el precio máximo de venta del GLP envasado en cilindros de uso doméstico, según lo establecido por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
- Excluir del precio de los combustibles líquidos automotrices los cargos relativos al FEFE y a la contribución especial para la estabilización de tarifas del transporte público, ambos suspendidos mediante decretos legislativos en 2022.
La normativa aplica a los sujetos mencionados en el artículo 17, letra r) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo. Entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos dudarán hasta el 30 de junio de 2026.
