Piden investigar los casos de “capturas arbitrarias y violaciones a los derechos humanos”.
SAN SALVADOR.- Representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) junto a MOVIR presentaron un escrito a Raquel Caballero, titular de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, para que vele por los derechos de las “víctimas” del régimen de excepción, que el próximo 27 de marzo cumplirá tres años de implementación.
Piden investigar los casos de “capturas arbitrarias y violaciones a los derechos humanos”.
Fran Omar Parada explicó que el régimen de excepción se ha utilizado para “reprimir y criminalizar el ejercicio periodístico, la defensa de derechos humanos y la protesta social, ambientalistas, defensores de derechos humanos”.
Expuso casos “emblemáticos” como la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, Unidehc, y la captura de Fidel Zavala quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de agrupaciones ilícitas, venta irregular de lotes y ejercicio ilegal de la profesión y de los exdirigentes del FMLN, dijo que estas captura son persecución política.
“La captura de nuestro compañero Fidel Zavala, Luis Alberto Menjívar, comunicador social y de los dirigentes Atilio Montalvo y Pepe Melara de la Alianza Nacional de El Salvador en Paz, la detención de Eugenio Chicas, la captura de dirigentes de sindicatos entre otras capturas arbitrarias y depresivas y la persecución contra medios independientes evidencian el uso del régimen como arma para la persecución política”, dijo.
Montalvo y Pepe Melara fueron acusado de planificar atentados en el marco de la investidura presidencial de Nayib Bukele. Por su parte Eugenio Chicas es procesado por delitos de corrupción.
Denuncian que más de 80, 000 personas han sido capturadas “sin el debido proceso, negando el derecho a la defensa y sin que se haya comprobado vínculos con estructuras criminales”, expuso Fran Omar Parada.
De acuerdo a lo expresado han documentado más de 10, 000 casos de “detenciones arbitrarias” y más de 8,000 liberaciones de personas que “nunca debieron ser encarceladas y sin que el Estado implemente medidas de reparación por los daños económicos, morales, psicológicos y físicos causados a las víctimas”.
Han registrado a hasta el 17 de marzo del 2025, 374 muertes de personas bajo custodia estatal “de las cuales el 94% no estaban perfilados como personas que pertenecen a pandillas”.
También solicitan a la PDDH que verifique el estado de los venezolanos deportados desde los Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
“Además a esta grave situación se agrega el encarcelamiento injustificado de ciudadanos venezolanos que actualmente se encuentran detenidos en este país, sin haber cometido delitos en El Salvador y sometidos a vejámenes, transmitidos incluso por el mismo gobierno a través de de redes de distintas plataformas de redes sociales, acusados de pertenecer a un supuesto grupo delincuencial, violando totalmente cualquier principio de dignidad humana”, dijo Fran Omar Parada.
