La iniciativa surge tras la intervención de Ueno Bank, que dejó a miles de clientes sin acceso a sus depósitos.
PARAGUAY,. Un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó formalmente este miércoles 4 de noviembre una acusación para solicitar un juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el vicepresidente, Pedro Alliana, en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank.
Los legisladores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo entregaron los documentos ante la Cámara de Diputados, con base en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Además, solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves 5 de noviembre, a las 10:00 horas, para discutir la iniciativa.
El diputado oficialista disidente Mauricio Espínola confirmó que se reunieron 35 firmas para activar el mecanismo de juicio político. Sin embargo, los impulsores todavía necesitan garantizar el quórum y reunir los votos necesarios para avanzar con la acusación.
La solicitud se presentó un día después de que el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenara la intervención de Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital. Como consecuencia, los servicios de la entidad quedaron suspendidos mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos.
El banco declara alrededor de tres millones de clientes, aunque esta cifra no representa necesariamente el número de personas con pérdidas definitivas. Entre los afectados por las restricciones de acceso a sus cuentas hay asalariados y jubilados preocupados por las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS).
En medio de la crisis, los reclamos también se trasladaron a las calles. Manifestantes con banderas paraguayas y pancartas se concentraron alrededor del Panteón de los Héroes, en Asunción, durante una segunda jornada de protestas para exigir respuestas y la destitución de las autoridades.
Por su parte, el Banco Central anunció que desde este jueves notificará por correo electrónico a los clientes dónde podrán cobrar un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por persona, descontando las deudas vencidas. Los pagos comenzarán dentro de las siguientes 24 horas y el procedimiento no deberá superar cinco días hábiles.
El dinero será acreditado en otra entidad financiera y quienes no tengan una cuenta bancaria recibirán una a su nombre. Mientras tanto, la continuidad de las protestas aumenta la presión política sobre Peña y Alliana, aunque el respaldo parlamentario para impulsar ambos procesos todavía no está garantizado.
Con información de medios internacionales
