El viceministro señaló que esta estrategia busca ordenar el sector «bloque por bloque», priorizando en esta primera etapa al transporte de carga y al colectivo, para posteriormente avanzar con el resto de vehículos.
SAN SALVADOR.— Durante su participación en un espacio de entrevista, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, detalló los puntos clave sobre las propuestas de reforma discutidas en la Asamblea Legislativa, enfocadas en ordenar de forma gradual el parque vehicular del país.
Uno de los puntos abordados fue la creación de un nuevo delito aplicable a quienes confíen un vehículo a personas sin licencia de conducir. El funcionario aclaró que esta medida recaerá específicamente sobre el transporte colectivo (placas AB y MB) y el transporte de carga a partir de las 8 toneladas.
«Aplica a partir de las 8 toneladas, que son los que se ha visto en estos accidentes que son los que están causando. A partir de eso para arriba, y de ahí vamos con las rastras internacionales y con todos los camiones de carga», explicó Reyes.
El viceministro señaló que esta estrategia busca ordenar el sector «bloque por bloque», priorizando en esta primera etapa al transporte de carga y al colectivo, para posteriormente avanzar con el resto de vehículos.
Asimismo, destacó como un «hito histórico» la implementación obligatoria de las revisiones técnicas vehiculares, un mecanismo que —según indicó— nunca antes se había aplicado de forma formal en el país bajo gestiones anteriores.
Reyes aclaró cuáles serán las nuevas causales de decomiso vehicular para garantizar que los automotores en circulación cumplan con los estándares mínimos de seguridad.
El funcionario precisó que la portación de la tarjeta de circulación seguirá siendo obligatoria, pero enfatizó la diferencia entre el olvido de la misma y su inexistencia legal o vencimiento.
«El no tener tarjeta de circulación es causal de decomiso. No andarla porque se le olvidó… sigue teniendo una tarjeta vigente. Pero el que no exista la tarjeta de circulación vigente o si la anda vencida, es causal de decomiso», explicó Reyes.
El titular del VMT enfatizó que la vigencia del documento representa la garantía de que el vehículo superó la revisión técnica vehicular anual. Asimismo, detalló que el decomiso también aplicará de manera directa por fallas mecánicas graves que pongan en riesgo la seguridad vial, como transitar con llantas lisas o sin el sistema de luces en correcto funcionamiento (delanteras, traseras y vías).
Las inspecciones y retenciones serán ejecutadas tanto por la Policía Nacional Civil (PNC) como por inspectores del Viceministerio de Transporte. Los vehículos remitidos serán trasladados a los predios oficiales de ambas instituciones, y sus propietarios deberán subsanar la falla o pagar las multas correspondientes antes de efectuar su retiro.
Reformas al Código Penal eliminan la conciliación en homicidios culposos por conducción peligrosa y endurecen sanciones
El viceministro Reyes explicó los alcances de las nuevas reformas impulsadas en el Código Penal para sancionar con mayor firmeza la conducción peligrosa y evitar la impunidad en accidentes viales con víctimas mortales o lesionados graves, detalló que el delito de conducción peligrosa no solo abarca el manejo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes y la participación en carreras clandestinas, sino que ahora también incluye formalmente el hecho de conducir sin una licencia de conducir.
Uno de los cambios más relevantes señalados por el viceministro es la modificación en torno a la figura de la conciliación. Anteriormente, en los casos de homicidio culposo —aquellos cometidos sin intención— derivados de la conducción peligrosa, los imputados podían extinguir el proceso penal llegando a un acuerdo económico con los familiares de las víctimas. Con las reformas, esta opción queda prohibida:
«El homicidio culposo que fuese causado por conducción peligrosa no podía conciliar para extinguir el proceso penal. Es decir, el juicio no desaparece solo porque haya logrado un acuerdo con las víctimas, sino que el juicio permanecería y tiene que enfrentar cada una de las consecuencias que el juez dictamine», enfatizó Reyes.
Asimismo, el viceministro indicó que, al adquirir esta categoría penal, el proceso se investiga de oficio por parte de la Policía y la Fiscalía, sin necesidad de que medie una denuncia particular de los afectados, garantizando que el caso avance hasta la sentencia judicial correspondiente.
