El Consejo de Defensa descartó restablecer el estado de excepción y aprobó un régimen especial para reos peligrosos, tribunales especializados y mayor presencia militar en la calles
TEGUCIGALPA. – En una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) desarrollada en Casa Presidencial y encabezada por el presidente Nasry Asfura, las máximas autoridades de los tres poderes del Estado acordaron declarar como terroristas a tres estructuras criminales que operan en el país.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó la resolución adoptada la noche del 18 de septiembre, aclarando que la identidad de las agrupaciones se mantendrá bajo reserva para garantizar la efectividad y el factor sorpresa de las operaciones de seguridad en curso. La medida se fundamenta en el Decreto 84-2026, una reforma al Código Penal que amplió el concepto de asociación terrorista para tipificar a maras, pandillas y redes de narcotráfico que ejerzan violencia o control territorial.
A diferencia del esquema de seguridad aplicado entre diciembre de 2022 y enero de 2026, el CNDS resolvió no recurrir a un estado de excepción territorial, argumentando que las herramientas legales vigentes otorgan el marco jurídico necesario para combatir la delincuencia sin suspender garantías constitucionales.
Aislamiento penal y justicia especializada
Dentro del paquete de reformas que se presentará al Poder Legislativo, se contempla la creación de un régimen especial de comunicaciones en las prisiones para evitar la coordinación de delitos. Asimismo, se facultará el traslado de imputados vinculados a estas estructuras hacia módulos de máxima seguridad, independientemente de si se encuentran en condición de prisión preventiva o con condena firme.
El plan institucional incluye además la creación de un circuito judicial especializado integrado por jueces, magistrados y fiscales dedicados exclusivamente a casos de terrorismo, quienes contarán con protocolos especiales de protección debido al nivel de riesgo de los procesos.
Para articular las intervenciones de campo e inteligencia, las autoridades aprobaron el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) —la cual coordinará a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ministerio Público bajo la dirección de un oficial militar— y autorizaron la búsqueda de fondos para la adquisición de armamento, vehículos y drones destinados al fortalecimiento de las unidades especiales de seguridad.
