Hasta ayer, al menos 144 empresas han manifestado interés en acogerse al régimen especial.
EL SALVADOR.- La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, con el objetivo de incentivar a empresas nacionales e internacionales con más de 10 años de operación en El Salvador.
“La normativa tiene como eje principal proporcionar incentivos tributarios a todas aquellas empresas nacionales e internacionales que tienen una trayectoria de más de 10 años operando en nuestro país”, dijo la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, al indicar que más de 3,000 empresas cumplirían con los criterios establecidos.
El proyecto permite que las compañías amplíen sus actividades productivas mediante créditos tributarios de hasta 30 % del Impuesto sobre la Renta, aplicables a las ganancias generadas por nuevas inversiones. Los beneficios se otorgarán según el monto invertido:
- Inversiones de $1,000,000 a $10,000,000: crédito tributario del 10 %.
- Inversiones de $10,000,000 a $20,000,000: crédito del 20 %.
- Inversiones superiores a $20,000,000: crédito del 30 %.
Durante el estudio de la normativa, el martes, el presidente de Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), Rodrigo Ayala, señaló que al menos 144 empresas han manifestado interés en acogerse al régimen especial. La ley está dirigida a compañías que no reciben otros incentivos tributarios.
Para acceder al beneficio, las empresas deberán realizar expansiones productivas reales, como apertura de nuevas líneas de producción, construcción o adquisición de infraestructura industrial y logística, compra de maquinaria y tecnología, y creación de centros de investigación y desarrollo. La normativa aclara que no se permite la simple sustitución de activos ni la reducción de operaciones existentes.
Los sectores priorizados incluyen textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéuticos, materiales de construcción y papel.
El Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda serán responsables de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley, mediante inspecciones y controles que garanticen el uso adecuado de los beneficios tributarios y el respeto de las normativas técnicas, medioambientales, tributarias y laborales.
