Agentes migratorios que tengan sospechas de que una persona es un inmigrante ilegal, pueden detenerlo; entre las causas se permite el “no hablar mucho inglés”.
ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes la realización de operativos migratorios en Los Ángeles, en lo que constituye una victoria más para el Gobierno del presidente Donald Trump. La decisión de 6 a 3 revoca una orden de restricción impuesta previamente por la jueza Maame E. Frimpong, quien había determinado que los agentes federales realizaban arrestos indiscriminados basados en la raza, el idioma, la ocupación o la ubicación de las personas, sin contar con una “sospecha razonable”.
La Corte argumentó que la orden emitida por Frimpong limitaba de manera inapropiada la capacidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar sus labores en función de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza a los oficiales de inmigración a “interrogar a cualquier extranjero o persona que se crea que es un extranjero sobre su derecho a estar o permanecer en los Estados Unidos”. Según la ley, los oficiales pueden detener brevemente a una persona “para interrogarla” si tienen “una sospecha razonable, basada en hechos específicos y articulables, de que la persona que está siendo interrogada… es un extranjero que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos”.
En este caso específico, las circunstancias que justifican esta sospecha razonable incluyen: un número y porcentaje extremadamente alto de inmigrantes ilegales en el área de Los Ángeles; la tendencia de estos individuos a reunirse en ciertos lugares para buscar trabajo diario; la frecuente ocupación de empleos como trabajo de día, jardinería, agricultura y construcción, sectores que no requieren documentación y son especialmente atractivos para los inmigrantes sin autorización; y el hecho de que muchos de estos inmigrantes ilegales provienen de México o Centroamérica y no hablan mucho inglés. Según la jurisprudencia de la Corte, factores como estos pueden contribuir a una “sospecha razonable” de presencia ilegal, aunque la etnia aparente por sí sola no es suficiente para justificar dicha sospecha.
El Gobierno federal argumentó que la orden de Frimpong imponía una restricción innecesaria a los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. Los abogados de la administración también defendieron que los operativos de ICE no están dirigidos por la raza, el idioma o la etnia de los individuos, sino por indicios específicos de presencia ilegal en el país. Sin embargo, la jueza Frimpong y los demandantes sostuvieron que estos operativos violaban los derechos constitucionales de las personas, citando la detención de ciudadanos estadounidenses en operativos migratorios como ejemplo de la falta de una “sospecha razonable”.
La Corte Suprema falló a favor del Gobierno, permitiendo que los agentes de ICE continúen con sus operativos mientras se resuelve la apelación ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Este fallo también coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de Trump, las cuales han llevado a un aumento de las redadas en varias ciudades, incluida Los Ángeles.
Los demandantes, que incluyen tanto inmigrantes detenidos como ciudadanos estadounidenses, argumentaron que la orden solo buscaba proteger los derechos fundamentales de las personas, evitando detenciones sin base legal. A pesar de la autorización de la Corte Suprema, la demanda continuará en California, donde los grupos de defensa de los inmigrantes continúan acusando al Gobierno de llevar a cabo una ofensiva sistemática contra las comunidades de piel morena, especialmente en el sur de California.
CON INFORMACIÓN TELEMUNDO.
