James P. McGovern y otros 43 legisladores enviaron una carta de seguimiento al Departamento de Seguridad Nacional para reclamar una respuesta sobre la posible extensión del TPS.
ESTADOS UNIDOS.- El congresista demócrata James P. McGovern, representante de Massachusetts, encabeza una iniciativa junto con otros 43 legisladores para exigir al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) respuestas sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 200,000 salvadoreños que residen en ese país.
La petición se produce luego de que, en julio de 2026, McGovern liderara una primera iniciativa respaldada por 80 miembros del Congreso para solicitar una extensión del TPS para El Salvador. En esa ocasión, los legisladores advirtieron sobre las consecuencias económicas y humanitarias que podría tener la cancelación del beneficio.
En una carta de seguimiento enviada el 22 de octubre de 2026, los congresistas señalaron que todavía no han recibido respuesta a la solicitud presentada el 9 de julio, pese a que el plazo inicial de la designación ya venció.
“El Departamento de Seguridad Nacional no ha proporcionado más información sobre si la designación TPS para El Salvador será cancelada o extendida. Como resultado, más de 200,000 salvadoreños se encuentran actualmente en la incertidumbre”, expresaron los legisladores.
McGovern cuestionó la falta de respuesta de las autoridades estadounidenses y sostuvo que los beneficiarios no deberían permanecer sin conocer qué ocurrirá con su estatus migratorio.
“El silencio no es una respuesta aceptable”, manifestó el congresista, quien también señaló que los salvadoreños con TPS merecen saber si podrán continuar trabajando, sosteniendo a sus familias y viviendo en las comunidades donde han permanecido durante décadas.
De acuerdo con los datos expuestos en la iniciativa, nueve de cada diez salvadoreños beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense y contribuyen con miles de millones de dólares a la economía. Además, pagan aproximadamente 1,500 millones de dólares anuales en impuestos federales, estatales y locales.
Los legisladores también destacaron que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre o madre salvadoreño amparado por el TPS.
En su primera carta, los congresistas también expusieron preocupaciones sobre las condiciones de derechos humanos en El Salvador, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, como argumentos para solicitar que se mantenga la protección migratoria.
Texto completo: https://mcgovern.house.gov/uploadedfiles/final_w_sigs_quill_-_letter_l39856_-_el_salvador_tps_follow-up_-_version_3_-_10-22-2026_04-01_pm.pdf
