Agregó que están impulsando y buscando salidas para incentivar la vivienda de interés social desde los permisos.
EL SALVADOR.- La ministra de Vivienda, Michelle Sol se refirió a proyectos para garantizar a la población viviendas accesibles, seguras y dignas. “Hay mucha demanda, mucha necesidad de un sector trabajador que requiere viviendas desde los $20,000 hasta los $50,000. Es un rango de precios que necesitamos trabajar y estamos conversando ya con CASALCO y empresarios que desean invertir en opciones habitacionales de este rango”,
“Estamos trabajando en crear ese esa producción de vivienda de interés social. Tenemos claro que los cambios en seguridad en el país están provocando que muchos (salvadoreños) quieran regresar y tener una vivienda o un apartamento, para vivir o para tener como inversión”, dijo la funcionaria en una entrevista televisiva.
Agregó que están impulsando y buscando salidas para incentivar la vivienda de interés social desde los permisos como el caso de “ANDA para bajar esos costos que se trasladaron, al consumidor final y que encarecían esta vivienda”.
“De la mano del sector privado vamos a construir proyectos de vivienda de interés social. Estamos ya bien avanzados, ya tenemos reuniones y prácticas con bastantes inversionistas”, dijo.
Mencionó que un proyecto de construcción 3,800 viviendas de interés social, “hay otro que es por la zona de Apopa, tenemos otro carretera al aeropuerto. Hay proyectos de vivienda que ya van a salir en en la zona de Oriente, otros en Occidente, Santa Ana”.
“Los empresarios saben que hay una gran demanda”, destacó la titular de Vivienda.
Asimismo mencionó que debido a la inseguridad que propiciaron gobiernos anteriores, se perdieron comunidades completas, ya que muchos salvadoreños se vieron obligados a abandonar sus casas, pero ahora, gracias al Plan Control Territorial, estas viviendas se han rescatado.
“Hemos logrado escriturar 11,000 inmuebles recuperados, colocando $122 millones en créditos. En el pasado, los pandilleros sacaban a los propietarios de sus casas y las alquilaban, percibiendo al menos $300 por cada vivienda usurpada”, explicó
